La policía mantiene cerradas con vallas metálicas todos los ingresos a la plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para evitar que el grupo de discapacitados -que pernoctan hace un mes en carpas en los alrededores- ingresen al perímetro a protestar.
Los manifestantes fueron dispersados con carros lanza-aguas luego de atacar a los policías con «armas blancas, punzones y químicos nocivos» como cloro, según la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior (gobierno).
Los discapacitados exigen quintuplicar su renta mensual de 100 bolivianos actuales (unos 14 dólares).
El aumento del subsidio supondría subir el presupuesto anual para el sector de 22 millones de bolivianos (3,2 millones de dólares) a 368 millones de bolivianos (52,9 millones de dólares).
En Bolivia existen unas 388.000 personas con algún tipo de dificultad permanente, según datos de la Defensoría del Pueblo, aunque no todos reciben el bono mensual que asigna el Estado.
Durante las últimas semanas varios grupos de discapacitados alcanzaron acuerdos con el gobierno, aunque otro permanece radicalizado en la protesta.
Según el viceministro de Coordinación Social, Alfredo Rada, el «pequeño grupo (que mantiene las protestas) tiene fines desestabilizadores y no solamente reivindicativos».
Rada mostró documentos en que al menos seis dirigentes que encabezan las movilizaciones se beneficiaron con becas y puestos de trabajo con «ingresos considerables» proporcionados por el Estado.
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