En un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública, y tras múltiples agresiones a inspectores municipales en el ejercicio de sus funciones en diversas comunas del país, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) realizó una consulta ciudadana para conocer la percepción pública sobre el rol de estos funcionarios, el uso de herramientas de defensa personal y la necesidad de ampliar sus atribuciones.
Los resultados son contundentes: un 90,1% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que los inspectores cuenten con elementos de defensa personal, mientras que un 83% apoya que se les otorguen más atribuciones para la disuasión del delito. Este respaldo evidencia el creciente reconocimiento ciudadano al rol preventivo que desempeñan los gobiernos locales en materia de seguridad.
La encuesta, aplicada entre el 18 y el 22 de marzo de 2025, recogió la opinión de 715 personas, residentes en 141 comunas del país que representan al 85% de la población. Se realizaron 5.500 llamadas telefónicas, alcanzando una tasa de respuesta del 13%, con un margen de error de ±4,3% y un 95% de confianza. Un 45,2% de los participantes se identificó como hombre y un 54,8% como mujer.
Ante la consulta sobre qué elementos de defensa deberían estar permitidos para el uso de inspectores municipales, la ciudadanía mostró altos niveles de aprobación para opciones no letales:
79,7% aprueba el uso de pistolas Taser.
73,7% apoya el uso de gas pimienta.
71,9% respalda el uso de bastón retráctil.
71,5% está a favor del uso de Bola Wrap.
60,8% aprueba el uso de gas lacrimógeno.
Estos resultados revelan una apertura significativa de la ciudadanía a dotar a los inspectores municipales de herramientas eficaces y seguras para enfrentar operativos de alto riesgo, protegiendo tanto a los funcionarios como a la comunidad.
Alta percepción de inseguridad en espacios públicos
El sondeo también evidenció una preocupante percepción de inseguridad en espacios comunes. Los lugares donde las personas se sienten más inseguras o muy inseguras son:
Paraderos de transporte público: 61,5%
Desplazamiento cotidiano en el espacio público: 50,8%
Plazas y parques: 48,3%
Incluso en su propio hogar: 21,6%
Este diagnóstico subraya la urgencia de fortalecer las capacidades de prevención situacional y la presencia operativa de los municipios en el territorio.
Brecha normativa y necesidad de un marco legal claro
Actualmente, aunque un 82,2% de las municipalidades con áreas de seguridad cuenta con inspectores municipales, no existe un marco normativo sistematizado que regule sus funciones. Esto ha generado una brecha entre las responsabilidades que se les asignan y las herramientas legales y materiales con que cuentan. Además, se ha evidenciado falta de claridad respecto a la implementación del Boletín 15.940-25 —actualmente en discusión en el Congreso— que propone otorgar nuevas atribuciones sin garantizar condiciones mínimas como equipos de protección personal, medios de defensa y seguros de vida.
Consultados sobre la gestión de los municipios en seguridad pública, los ciudadanos le otorgaron una nota promedio de 4,1, reflejando una percepción moderadamente crítica. Esto evidencia una brecha entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de respuesta local, en un contexto donde los gobiernos locales son cada vez más demandados en la materia.
La postura de AMUCH
El presidente de AMUCH, Gustavo Alessandri, recalcó la urgencia de dotar a los municipios de mayores facultades y respaldo institucional:
“Un 90,1% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que los inspectores cuenten con elementos de defensa personal, mientras que un 83% apoya que se les otorguen más atribuciones para la disuasión del delito. Esto refleja una ciudadanía que exige soluciones concretas y presencia activa en los territorios”.
Desde AMUCH proponen avanzar hacia una Ley de Seguridad Municipal que incluya:
* Agravante penal por agresión a funcionarios municipales.
* Herramientas de retención para casos de delito flagrante.
* Facultades para incautar bienes en operativos municipales.
* Control de identidad por parte de inspectores municipales.
* Acceso a una red interoperada con Carabineros.
* Ampliación de facultades para dirigir el tránsito en apoyo a Carabineros.
“Los municipios están en la primera línea del combate contra la delincuencia. Si no les damos respaldo legal, capacitación y equipamiento adecuado, estamos dejando desprotegidas a nuestras comunidades”, concluyó Alessandri.
