La empresa Inversiones Las Arenas Ltda., propietaria del icónico centro cultural y gastronómico Patio Bellavista, presentó una demanda contra el Estado exigiendo una indemnización de $13.744 millones. La solicitud se basa en los graves perjuicios económicos y un entorno inviable para operar, provocados por la violencia descontrolada en la zona tras el estallido social de octubre de 2019. Según datos aportados por la empresa, las visitas semanales a Patio Bellavista se redujeron a la mitad para enero de 2023.
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Detalles de la demanda
La acción legal -que fue dada a conocer por La Tercera- fue interpuesta el 26 de noviembre de 2022 ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, argumentando “falta de servicio” en materia de seguridad. “Los acontecimientos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 y por los días que le siguieron, marcaron un antes y un después en la vida institucional y social de nuestro país”, expone el texto de la demanda.
Patio Bellavista, inaugurado en 2006 y ubicado a pocos metros de Plaza Baquedano, es uno de los centros gastronómicos más representativos de Santiago. Antes del estallido, el recinto recibía un promedio semanal de 125.545 visitas. Sin embargo, la situación cambió drásticamente. Según la demanda, la zona se transformó en una “zona de sacrificio”, comparando su estado con áreas afectadas por problemas ambientales como Ventanas o Quintero, pero centrando el enfoque en la seguridad y el orden público. La empresa sostiene que el Estado “bajó los brazos” frente a la violencia, creando un entorno inviable para los locatarios y habitantes.
El texto legal señala que “el descontrol y violencia del sector hizo que decenas de locatarios del establecimiento tuvieran que abandonar sus comercios y/o dejar de pagar sus cánones de arrendamiento, pues sencillamente el público dejó de venir a un barrio con declaratoria vigente (aunque no oficial) de ‘zona de sacrificio’”. Entre 2019 y 2023, la afluencia de público disminuyó en un 45,5%, y los ingresos por arriendos y ocupación de locales no lograron recuperar los niveles previos a 2018.
Impacto financiero y responsabilidad del Estado
La demanda también menciona las consecuencias financieras que enfrentó Patio Bellavista, incluyendo la necesidad de renegociar créditos con condiciones más onerosas. La deuda, que inicialmente era de 916.575 UF (equivalente a $35.227 millones), aumentó a 1.085.599 UF (aproximadamente $41.723 millones) para febrero de 2024. Esto se debió a la capitalización de intereses y el aumento de tasas de interés.
La responsabilidad de mantener el orden público recae directamente en el Estado, según el artículo 24 de la Constitución, que establece que el Presidente de la República debe garantizar el orden interno y la seguridad. El texto menciona la Ley Nº 20.502, que asigna al Ministerio del Interior la tarea de velar por el orden público. “Existe un acabado entramado de responsabilidad jurídica sobre la mantención del orden público, que presenta al tope de la pirámide a no otro que a S.E. el Presidente de la República”, indica la demanda.
Además, la acción judicial destaca la falta de medidas concretas para abordar los problemas de seguridad en la zona, a pesar de los reconocimientos de autoridades sobre la situación. En marzo de 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió disculpas por “la incapacidad que ha tenido el Estado hasta ahora de asegurarles una vida razonable y una posibilidad de llevar a cabo sus negocios”. Sin embargo, estas palabras no se tradujeron en acciones efectivas.
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La demanda también resalta un ambicioso plan de expansión que la empresa tenía antes del estallido. Se había adquirido un terreno en calle Dardignac por un valor de 1.124.284 UF ($43.210 millones) para construir un edificio con múltiples locales comerciales y estacionamientos. Este proyecto, que se esperaba iniciar en 2022, no pudo llevarse a cabo debido a la inseguridad en la zona y la posterior pandemia, lo que imposibilitó incluso el arriendo del terreno.
En 2022, otra empresa presentó una demanda contra el Estado por la misma razón, exigiendo indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante y daño moral que suman más de $1.200 millones. Esta acción también fue patrocinada por la abogada Josefina Escobar del estudio Ovalle Consejeros Legales.
