Tras el millonario debut de Cathy Barriga vendiendo contenido erótico en plataformas para adultos durante su arresto domiciliario, parlamentarios presentaron un proyecto de ley para prohibir que personas que se encuentren con medidas cautelares puedan realizar negocios vía Internet. Idea que generó la molestia de Camila Polizzi.
PUBLICIDAD
Fue un grupo de diputados del partido Demócratas que propuso modificar la ley N° 18.216 sobre penas sustitutivas de la libertad y señalaron que plantea que “no resulta sensato que, por un lado, el legislador persiga y limite el acceso a tecnologías de la información y dispositivos móviles a imputados y condenados por delitos en cárceles comunes, y por otro lado, se permita que imputados con beneficios penitenciarios puedan compartir su vida en redes sociales o emprender comercialmente”.
A raíz de esto es que la excandidata a alcaldesa por Concepción, actual imputada por el Caso Convenios criticó la medida y trató a los legisladores de “hipócritas”.
“¿Y la presunción de inocencia?”, escribió en sus historias. “Un proyecto de ley que va en contra de la propia Constitución”, escribió junto a un emoji tapándose la cara, en señal de decepción. Junto a ello, aludió a “Demócratas”.
Todo eso, lo acompañó con otras historias donde se escuchaban las canciones “Ignorancia” de Gondwana e “Hipocresía” de Rubén Blades.
Restricción del acceso a redes sociales y plataformas digitales
La iniciativa no pretende solo regular el acceso a las redes sociales en general, sino específicamente prohibir que las personas bajo arresto domiciliario utilicen estas plataformas para obtener beneficios económicos, como lo han hecho Barriga y Polizzi a través de la venta de contenido para adultos. “Diversos son los casos en que esta medida se vulnera a través de acciones que tienen como finalidad el desarrollo de actividades que, si bien no son ilícitas, no se podrían desarrollar en los recintos penitenciarios regulares”, señala el texto del proyecto.
Desde el partido afirmaron que “el arresto domiciliario no puede convertirse en una burla a la justicia. Estas personas siguen bajo proceso penal y deben estar sujetas a restricciones que no solo protejan a la sociedad, sino que también mantengan el sentido de la sanción”.