No alcanzó a durar un mes. Cristina Vilches presentó su renuncia como asesora de la PDI, luego que se diera a conocer que fue reincorporada como docente, tras sus salida forzada el 2024.
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Fue cuando estalló el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y se reveló que ella ordenó diligencias para revisar las imágenes del hotel, pero ante absoluto secreto, antes de que la víctima ingresara la denuncia por violación y abuso sexual en contra del exmilitante socialista.
Al conocerse su vinculación, el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, ordenó su retiro inmediato para “mantener un estándar de prudencia” durante las investigaciones, consignó Biobío.
Por ese motivo, gran revuelo causó la noticia de que había sido recontratada el 1 de abril, con el fin de asesorar “en materias docentes” en la Escuela de Inteligencia. Servicios bajo contrato a honorarios que culminarían en diciembre.
Sin embargo, producto de las repercusiones que generó el reportaje realizado por el citado medio, Vilches presentó su renuncia, tras 22 días como asesora.
“Hoy la citada Oficial General en situación de retiro presentó su renuncia a la asesoría profesional, la cual fue aceptada“, indicó la PDI en un comunicado.
El presente de Manuel Monsalve
El pasado 2 de abril la magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, determinó que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, continuaba en prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y violación de una funcionaria de la cartera que encabezaba.
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Esa fue la tercera vez que su defensa buscó cambiar la medida cautelar a una menos gravosa, como el arresto domiciliario total, situación que no ocurrió puesto que la fiscalía presentó nuevos antecedentes que “perjudican al imputado”.
“Los nuevos antecedentes perjudican al imputado, entregando más indicios de la existencia del delito y de la participación...el hecho que se le atribuye tiene asignada pena de crimen”.
También, indicó la jueza que “su conducta posterior al hecho, consistente en manipular cierta evidencia y borrar contenidos de sus celulares, negando la existencia de otros aparatos que posteriormente le fueron incautados, configuran el peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación”, zanjó.
Finalmente, determinó extender en 75 días el plazo de la investigación.
