Fue al inicio de la sesión del martes 8 de abril y tras el acuerdo de los comités que la senadora socialista, Isabel Allende Bussi, hizo uso de la palabra para referirse a su eventual destitución del cargo por parte del Tribunal Constitucional, según trascendidos de prensa, ya que el organismo aún no da a conocer el fallo.
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En su discurso, la senadora Allende partió agradeciendo “profundamente la oportunidad de dirigirme a ustedes. Después de décadas compartiendo este espacio democrático, este Parlamento que ha dado forma a mi destino y vocación de servicio público, me veo hoy en la necesidad —y en el deber— de hablar, en uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida“.
Visiblemente emocionada, la parlamentaria sostuvo que “no es fácil dirigirme ustedes, porque probablemente sea mi última intervención en esta sala, y deseaba despedirme de ustedes”.
Fue en ese momento que la voz de Isabel Allende se quebró, surgiendo aplausos espontáneos en la sala del Senado, que emocionaron hasta las lágrimas a la parlamentaria PS.
Al proseguir, sostuvo que “en los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, ese fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. Acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa”.
La legisladora agregó que “estamos ante un fallo que —más allá de su aparente legalidad— vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático“.
De igual forma, reconoció “que como parlamentaria con una larga trayectoria debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo de esa responsabilidad. Pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo ni he tenido nunca una empresa Y, ante todo, actué confiando en la institucionalidad”.
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Partida aprobada por el Congreso
En su delaración, la senadora Allende Bussi también hizo referencia a los demás órganos del Estado que participaron en la aprobación de los recursos para llevar adelante la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, donde tampoco nadie objetó ni hizo presente la inconstitucionalidad de la medida.
“Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar donde funcionaría la casa-museo del presidente Salvador Allende. Y lo hice convencida de que se trataba de un acto de memoria, de reparación, de futuro”, afirmó.
Asimismo, detalló que “como familia compartimos la idea del presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos expresidentes Patricio Aylwin y de Salvador Allende en casamuseos, dos personas que han marcado nuestra historia con profundo sentido democrático”.
Allende resaltó que “una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuestos de 2023 en este parlamento. Quiero dejar claro que no solo no estuve en la subcomisión de cultura, como tampoco estuve en la ratificación final de la comisión mixta que cierra y aprueba la ley de Presupuestos. Es más, me enteré recién en enero del año 2024 de la existencia de esa partida presupuestaria. Desde ahí, actuamos como corresponde: siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno”.
“Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero en ningún momento —repito, en ningún momento— ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional", afirmó la senadora socialista.
Cuestionamientos al Tribunal Constitucional
La parlamentaria también aprovechó la oportunidad para criticar que se haya dado como cierto un trascendido de prensa sobre su destitución del cargo, pese a que el Tribunal Constitucional aún no ha dado a conocer el fallo a las partes.
Por tal razón, dijo estar “convencida de que reviste de la máxima gravedad para la institucionalidad chilena que se dé por cierta una sentencia o acuerdo sin que se haya conocido su texto, ni sus argumentos y sin que formalmente el Tribunal Constitucional los entregue. Se ha dado por cierto mi cese en el cargo y a la fecha no he sido notificada”.
Asimismo, lamentó “que el Tribunal no haya accedido o considerado mejor nuestros argumentos. Sostenemos que el proceso de la compra se llevó a cabo dentro del marco del derecho público y no del derecho privado. Como explicó la Contralora General de la República en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la compra dentro del marco de los procesos administrativos públicos no se concretó, se llevó a cabo una de dos etapas y jamás recibimos un peso”.
“El reciente trascendido del Tribunal Constitucional ha sido celebrado como un triunfo del derecho sobre la política. Pero creo que no hay tal victoria. Lo que vemos no es el fortalecimiento del derecho ni la purificación de la política, sino la fragilización de ambas”, sostuvo.
Isabel Allende agregó que “esto es de una enorme injusticia, es un caso en donde se ha aplicado, a nuestro juicio erróneamente, la ley, pero no se ha hecho justicia”, recalcando que hoy enfrenta “una sanción que considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia”.
