En una verdadera caja de pandora se podría transformar el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora socialista, Isabel Allende, si es que la resolución del órgano coincide con las versiones de prena y se termina destituyendo a la parlamentaria, quien pese a despedirse del Senado aún no ha sido notificada por el TC.
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La inquietud en el mundo político surgió a raíz de un reportaje de The Clinic, donde se da cuenta que al menos cinco parlamentarios en ejercicio han celebrado contratos con el Estado, como son el caso del senador PS Fidel Espinoza, su par del Partido Social Cristiano, Juan Castro y Luciano Cruz-Coke de Evópoli. Además, se incluye a la diputada de RN, Ximena Ossandón, y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social.
Por tal razón, los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas, Tomás de Rementería y Jaime Naranjo (exPS), anunciaron que pedirán a sus equipos jurídicos que estudien los antecedentes dados a conocer en el reportaje, con el fin de presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para destituir a los parlamentarios involucrados.
El diputado Manouchehri detalló que “hay algunos antecedentes que nos parecen que son bastante serios. Puntualmente creemos que, por ejemplo, lo del senador Juan Castro deben ser antecedentes que se deben mirar con mucha atención. También respecto al senador Luciano Cruz-Coke que suscribió un arriendo con un órgano del Estado”.
Asimismo, el diputado PS dijo que “si bien conocemos el resultado, tenemos que conocer los fundamentos. Algo ya se ha filtrado a la prensa, pero tenemos que conocer el escrito y en base a eso, conociendo el nuevo criterio, nosotros vamos a avanzar en un requerimiento ante el TC”.
Contratos con el Estado
Según detalló The Clinic, el senador del Partido Social Cristiano, Juan Castro Prieto, “ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen a la Constructora Indemma, la que registra más de $3 mil millones en traspasos desde organismos públicos, luego de revisar decenas de órdenes de compra en Mercado Público".
De igual forma, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, “participó formalmente, hasta 2018, en la sociedad Difusora Fresia Limitada, que suma cerca de $14 millones en traspasos con municipalidades de la Región de Los Lagos. Aunque él argumenta que se retiró de la empresa en 2005, y que por un error de inscripción del trámite en el Registro de Comercio eso no se oficializó hasta 13 años después", indicó el citado medio.
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Otro caso es el del senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, “quien mantuvo arrendada una casona a la Junji hasta noviembre de 2020, por un monto de cerca de $4 millones mensuales. Ese contrato lo firmó junto a un socio en 2015, antes de asumir como parlamentario", señaló The Clinic.
En el caso de la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, "participa de una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, una fintech que otorga financiamiento a pymes que tienen dificultades para acceder a créditos bancarios. Desde que ella figura como socia la empresa ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo, debido a que aparece como receptora de fondos que quedaron en garantía por préstamos realizados por Cumplo Chile a numerosas empresas", sostuvieron.
Finalmente, el diputado y actual candidato presidencial, Jaime Mulet, (FRVS), también habría celebrado contratos con el Estado por medio de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, que según el medio, “explota una radio en Vallenar, figura con traspasos comerciales con municipalidades y servicios públicos de esa zona. Aunque Mulet se retiró de esa empresa casi un mes después de asumir como diputado, su esposa Flavia Torrealba (actual presidenta del Frente Regionalista Verde Social) quedó como controladora".
