El diputado y esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín León, reconoció esta mañana que si bien el Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago (TER) inhabilitó a la exalcaldesa de Maipú de ejercer cualquier cargo público por cinco años, este fallo no es una resolución definitiva considerando que podrían apelarlo al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
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Fue esta mañana, mientras hacía presuroso ingreso a la cárcel de mujeres de San Miguel, para visitar a su esposa, que el parlamentario expuso la situación en que quedó la exfuncionaria municipal, actualmente procesada por delitos de fraude al fisco y malversación de caudal público durante su gestión alcaldicia.
La aclaración de Joaquín Lavín León
“Van a tener que esperar hasta la salida, parece, porque están todos corriendo”, indicó Lavín León mientras corría hacia el acceso del recinto penitenciario ubicado en la comuna de San Miguel, trayecto en el que precisó a los medios de prensa que estaban en el lugar que “creo que es importante respecto de la resolución del TER, lo primero que hay que decir que eso es solamente la primera instancia (de su inhabilitación a ejercer cargos públicos)”.
“Porque, por supuesto, eso se apela al Tricel”, aclaró el parlamentario, dando cuenta de la decisión que a futuro tomará el entorno de Barriga para revertir esta resolución del órgano electoral.
“El Tricel es el que tiene la última palabra”, puntualizó Lavín, quien insistió -previo al ingreso a la cárcel, donde permanecerá hasta el mediodía visitan a su esposa-, que “hay que esperar qué es lo que dice el Tricel, primero. Porque debo aclarar que esa decisión no está firme”.
Cabe señalar que la resolución de primera instancia del tribunal electoral llegó luego de hacerse parte de un requerimiento que realizaron seis concejales de Maipú, quienes acusaron a la exalcaldesa de una serie de irregularidades cometidas bajo su administración municipal entre 2016 y 2021.
Dicho fallo en contra de Barriga, indicó el órgano electoral en declaraciones publicadas por biobiochile.cl, se fundamentó en el artículo 51 bis de la Ley N° 18.695, que “permite declarar la inhabilidad de exautoridades cuando se comprueban faltas graves a la probidad o abandono de deberes”.
