El Defensor Nacional (s) Osvaldo Pizarro, se refirió al allanamiento del departamento de la diputada Karol Cariola (PC) en el marco de una investigación en su contra –hecho que coincidió con el día en que nació el hijo de la parlamentaria- y aseguró que “los fiscales y las policías tienen el deber de determinar el momento adecuado e idóneo para poder ejecutar una medida intrusiva”.
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En esa línea, el jefe del Servicio agregó que “es el juez quien tiene el deber legal y constitucional de verificar que la petición de una medida intrusiva del Ministerio Público, sea proporcional, razonable e idónea para el fin investigativo que se quiere perseguir”, aseverando que “esos mismos principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad también deben ser considerados” al momento de la realización de la diligencia.
“Este debate ya está resuelto”
“La ejecución de esa medida, tanto en la oportunidad como en la manera de realizarlo, efectivamente pueden ser cuestionados al alero de estos principios de proporcionalidad, razonabilidad o idoneidad y corresponde –precisamente- al Poder Judicial y al juez que esté de control en esa investigación, poder determinar si efectivamente esto se ajustó o no -tanto en su forma como en su fondo, desde la medida propiamente tal hasta su ejecución- a estos principios que son básicos y esenciales”, explicó Pizarro, detallando que en el caso particular de la diputada, “se debatió a nivel del tribunal de garantía respectivo y se estimó como legal y proporcional, razonable e idónea” la diligencia en cuestión. “De ahí que esos antecedentes investigativos no fueron sancionados procesalmente en el fondo con una nulidad”, detalló el abogado.
Y aclaró que si bien la Defensoría Penal Pública no es interviniente en el caso “este debate ya fue resuelto y, por lo tanto, no queda más que respetar la decisión judicial que en esa oportunidad ya fue tomada”.
