Una demanda de precario en contra de la Municipalidad de Chiguayante presentó Andrés Salas, hombre que hace unos meses compró a un privado un terreno de 246 metros cuadrados el cual formaba parte de la plaza pública José Palma Becerra, en la Región del Biobío.
La plaza ubicada en la población Caupolicán, de la citada comuna, habría sido adquirida bajo regla, según detalló Andrés Salas, quien puntualizó que la oferta apareció en el mes de junio de 2024 en el sitio Portal Inmobiliario y él lo adquirió en agosto.
“Eso me llamó la atención porque siempre lo había visto como una plaza, pero me contacté con la persona que lo tenía publicado y me comentó que la mitad del terreno era privado y la otra mitad pertenecía a la municipalidad", afirmó el hombre a Meganoticias.
Por tal razón, Salas afirmó que para mayor tranquilidad fue “al Conservador de Bienes Raíces a pedir toda la documentación del terreno y estaba perfectamente todo en regla (...) Luego fui a la municipalidad y ellos mismos me entregaron documentos firmados por el director de obra, me dijeron que estaba todo en regla, que no había ningún problema y que efectivamente era de un privado".
Recurso de protección
De acuerdo al relato del hombre, una vez adquirido el terreno en $45 millones se procedió a quitar los juegos infantiles, los cuales fueron entregados al municipio sin mayores reparos, aparentemente.
“Luego de eso empezaron a venir los problemas, la gente me empezó a decir que yo me estaba tomando el terreno. Después, la misma municipalidad, a pesar de que me entregó toda la documentación, empezó a poner un recurso de protección y ellos volvieron a reinstalar los juegos. Entonces yo cerqué el terreno con los juegos instalados (...). Hicieron eso porque venían elecciones y querían quedar bien con los vecinos", comentó Andrés Salas.
Finalmente, personal municipal retiró el cerco del terreno y a la semana siguiente lo notificaron que “no podía hacer uso de mi terreno porque yo me estaba tomando un terreno, lo cual no es así. Carabineros venía y se iba porque yo mostraba mi documentación en regla, no estaba haciendo nada ilegal", afirmó.
En estos momentos se está a la espera de lo que defina la Corte Suprema, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción le diera la razón al comprador, quien en paralelo demandó al municipio y se querelló por el robo del cerco instalado alrededor del paño que compró.
