El abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, expuso las irregularidades que, a su juicio, se presentaron durante el allanamiento realizado en el domicilio de la parlamentaria, coincidiendo con el día en que dio a luz a su hijo.
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El jurista argumentó en Radio Cooperativa, que las acciones de la policía el pasado lunes fueron inapropiadas y carecieron de la prudencia necesaria, lo que podría calificar como violencia obstétrica.
Manríquez destacó que “el informe policial tiene incongruencias, inconsistencias, errores y faltas significativas”. Afirmó que este documento ya era conocido por los intervinientes desde meses atrás, lo que sugiere que no había urgencia en llevar a cabo el operativo de manera tan intrusiva.
El abogado también indicó que la diputada estaba bajo vigilancia continua y que existía una comunicación fluida entre los funcionarios de la PDI y la Fiscalía, lo que contradice la necesidad de actuar con rapidez.
El abogado resaltó que “Chile tiene dos normas exactas y protocolos para poder decidir cuándo se actúa con este tipo de medidas más intrusivas respecto a personas en especial situación de vulnerabilidad, los cuales son entre otras, las parturientas y gestantes”.
A pesar de esto, los policías insistieron en ejecutar la diligencia, a pesar de la condición de Cariola. La justificación que se dio para el allanamiento fue que la diputada podría haber tenido acceso a un informe y, por ende, podría haber intentado destruir evidencia.
Manríquez cuestionó esta lógica, planteando: “¿Usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño, va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?”.
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Temor a filtración
El abogado también se refirió a la situación del padre del menor, el diputado Tomás de Rementería, enfatizando que él estaba en el hospital durante el allanamiento, donde se grabaron momentos del proceso de parto. Manríquez afirmó que “esto es totalmente vejatorio y humillante”, y advirtió sobre el riesgo de que las imágenes y videos del procedimiento pudieran ser filtrados, lo que incrementaría la vulnerabilidad de la diputada y su familia.
“En el teléfono que se le extrae al padre del menor, el diputado Tomás de Rementería, que estaba en el hospital y a quien se le dijo expresamente y es materia de la denuncia, que si quería escándalo lo iba a tener, está filmado los momentos de las 20 horas de parto de la señora Cariola“, precisó.
En su defensa, Manríquez sostuvo que el procedimiento realizado fue “completamente inadecuado, inoportuno, falto de prudencia y mesura”. Consideró que tanto quienes ordenaron el allanamiento como quienes lo ejecutaron actuaron de manera innecesaria, especialmente dado el contexto de vulnerabilidad de la diputada.
En cuanto a las acciones legales, el abogado confirmó que se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumentó que el Estado está demostrando un desapego hacia una justicia efectiva y que “cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica”.
