El gobierno a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó el controversial traspaso de 3,4 billones de pesos desde la Corporación de Fomento (Corfo) hacia el Tesoro Público.
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Esta decisión incluye recursos provenientes de los excedentes generados por la explotación del litio. Grau mencionó que “existían urgencias sociales (…)” al abordar la situación, refiriéndose a necesidades en áreas como salud, seguridad y vivienda. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la forma en que se utilizarán estos fondos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Fondo de urgencias y falta de claridad
Un reportaje de The Clinic reveló que el consejo de Corfo aprobó este traspaso sin comunicar adecuadamente a la opinión pública. Históricamente, estas transferencias se realizan en contextos de crisis extrema o ante gastos extraordinarios.
Por ejemplo, en 2020, durante la crisis del Covid-19, se transfirieron 1.000 millones de dólares, una suma considerablemente menor que la actual.
Según el ministro Grau, hubo un periodo con ingresos más altos que coincidió con “urgencias sociales en materia de seguridad, por ejemplo, con la necesidad de más carros para los policías”.
Además, mencionó la importancia de atender necesidades en salud, vivienda y ciencia y tecnología. Grau argumentó que “es normal que los recursos que tiene el país, en este caso los recursos por un mejor precio del litio, justamente se puedan gastar en estas prioridades, que son las prioridades que hemos definido en materia presupuestaria (…)”.
El titular de Economía también defendió la decisión afirmando que “era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país”.
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En cuanto a la falta de información, Grau acusó que la información en torno a este tema es “probablemente desinformación o mala intención”. Descartó que el patrimonio de Corfo se haya visto afectado por esta decisión y aclaró que “se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria a propósito del precio más alto del litio”.
Grau también expresó su preocupación por lo que calificó como una “estrategia para desinformar”, señalando que la controversia es “artificial”. Enfatizó que “la responsabilidad fiscal no está en cuestión en este caso”, aunque la falta de detalles sobre la asignación de estos recursos deja abierta la puerta a la especulación y al escepticismo.
