La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se conoció este martes 18 de febrero, en la cual se condena al Estado de Chile por las malas condiciones de detención de adolescentes en centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y por la muerte de 10 jóvenes en un incendio en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt el año 2007.
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Sobre este último hecho, el CIDH sostuvo que “el Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad en el Centro ‘Tiempo de Crecer’ de Puerto Montt, no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio del 21 de octubre de 2007, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente”.
Además,el fallo subraya que Chile tiene “responsabilidad internacional” y fijó una compensación económica para Mirsia Isabel Almonacid, madre de uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de 2007 de apróximadamente 14 millones de pesos.
Precarias condiciones de los centros
La CIDH también responsabilizó al Estado de Chile por las precarias condiciones en que permanecieron 271 adolescentes entre los años 2006 y 2009 en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué y San Bernardo.
Entre las deficiencias en los centros se detectó hacinamiento y falta de infraestructura adecuada, malas condiciones higiénicas, falta de segregación por edad y situación procesal, uso de celdas de castigo o aislamiento y deficiencias en los programas educativos.
Por tal razón, determinaron que “los menores de edad se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, por lo que el Estado debe adoptar medidas especiales y garantizar sus derechos con mayor cuidado y responsabilidad”.
El fallo destaca que Chile debe “continuar implementando mejoras en los centros de privación de libertad para jóvenes en conflicto con la ley, informar sobre la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para casos de violencia institucional en el Sename, incorporar estándares de derechos humanos en los programas de formación continua de los actores que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente.
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Respecto de la indemnización de 271 exinternos del Sename, el Estado deberá pagar un total de aproximadamente 647 millones de pesos.
Respuesta del Gobierno
Por medio de un comunicado, en tanto, “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reitera su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de adolescentes que han infringido la ley y están bajo la custodia del Estado, priorizando el respeto a sus derechos fundamentales y promoviendo sus procesos de reinserción social, en un entorno protector y que garantice su desarrollo personal”.
