12 años se cumplirán en septiembre próximo desde que la empresa Andes Iron, ligada a la familia Délano, ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el estudio técnico para llevar adelante el proyecto Dominga, que busca la extracción y exportación de hierro y cobre desde la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
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Pese a haber sido rechazado en tres ocasiones, la última vez por la unanimidad de los integrantes del Comité de Ministros, el proyecto minero y portuario se niega a morir. Más aún, luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara a la instancia reunirse nuevamente para analizar Dominga.
Según indicaron en su alegación los abogados de Andes Iron, el Comité de Ministros habría incumplido el fallo del pasado 9 de diciembre de 2024 donde se instruyó a la instancia pronunciarse respecto a las reclamaciones de observantes del PAC en contra de la Resolución de Calificación Ambiental, donde se rechazó la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental, “emitiendo su pronunciamiento fuera del plazo de 15 días y basándose en nuevas causales de rechazo no contempladas en el procedimiento previo, vulnerando así la seguridad jurídica”.
Los juristas detallaron que “el Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros llevaron a efecto fuera de plazo la actuación que se les ordenaba en la sentencia, toda vez que la reunión de dicho Comité se produjo el 8 de enero de 2025, en circunstancias que el plazo venció el 31 de diciembre de 2024″.
Por tal razón, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta informó al Comité de Ministros que tiene un plazo de 10 días para emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga.
Organizaciones ambientales rechazan resolución
El abogado Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, entre otros, señaló que “ordenando aprobar Dominga, el Primer Tribunal Ambiental intenta algo que tiene estrictamente prohibido, determinar la decisión de la autoridad, en este caso la del Comité de Ministros. El Tribunal no puede, ni siquiera técnicamente, sustituir toda la información que ha puesto en duda la viabilidad de este proyecto, cuestión que le toca exclusivamente decidir a la autoridad administrativa”.
Por tal razón, sostuvo que “ante el exceso en sus atribuciones, el sistema deja recursos disponibles, por lo que buscaremos que se rectifique esta falta grave”.
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La abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y que representa a distintas comunidades locales que se oponen al proyecto minero y portuario Dominga, aseguró que “lo que estamos presenciando es inédito. Estamos viendo cómo el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene, desconociendo su mandato especial en materia ambiental y ordenando que se apruebe Dominga por vías que no existen en el ordenamiento jurídico, lo cual es gravísimo pues atenta contra el Estado de Derecho”.
Gobierno cauto
En entrevista con radio Pauta, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, indicó que “nuestros equipos deben analizar el fallo. Es muy reciente, y aún no tengo el informe completo de nuestros abogados. Una vez que lo tengamos, lo que corresponde es cumplirlo”.
Asimismo, agregó el ministro Grau que “uno tiene que mirar los antecedentes técnicos y, sobre esa base, tomar la decisión. Entiendo que el fallo es crítico hacia la decisión del Comité de Ministros, pero prefiero esperar el análisis jurídico antes de emitir una opinión”.
Desde Andes Iron, en tanto, valoraron la resolución e indicaron que “el fallo del 1TA evidencia un actuar inédito y grave del Comité de Ministros, que se ha negado reiteradamente a acatar fallos judiciales”, agregando que se “deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, si el Comité persiste en incumplir la sentencia”.
