Fueron los abogados demandantes Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, por medio de un comunicado, quienes dieron a conocer la acción judicial presentada por la denunciante de Manuel Monsalve, quien se encuentra en prisión preventiva y formalizado por supuestos delitos de carácter sexual cuando era subsecretario del Interior.
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Los juristas explicaron que “atendida la connotación pública de este caso y para evitar filtraciones de información sensible, inexacta o derechamente falsa (situaciones que ya han ocurrido con anterioridad) se nos ha solicitado por la víctima y su familia comunicar públicamente la presentación de esta denuncia de tutela laboral".
De igual forma, explicaron que ésta “busca obtener justicia y reparación, para que se adopten medidas ante el perjuicio y las vulneraciones de derechos fundamentales que ella sufrió y evitar que situaciones como las que vivió puedan volver a repetirse, especialmente en el sector público”.
La demanda fue acogida a trámite el 13 de febrero pasado por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago “en contra de la Subsecretaría del Interior, como empleador de la víctima, por los actos y omisiones ocurridos durante la vigencia de su relación contractual con dicha entidad, la cual no tiene por objeto obtener indemnizaciones o beneficios de carácter económico, sino otro tipo de declaraciones y/o reparaciones”, detallaron los juristas.
Entre los puntos que resalta la demanda por tutela laboral es que “la Subsecretaría del Interior, representada por el exsubsecretario Monsalve, ha incurrido en actos vulneratorios de connotación sexual de carácter laboral del artículo 2 del Código del Trabajo, lo que ha afectado gravemente la integridad psíquica y física de nuestra representada, así como su libertad de trabajo y su derecho a la no discriminación”.
En ese sentido, sostienen que el organismo “actuó con negligencia al no tomar medidas adecuadas frente a los actos de acoso sexual sufridos por la víctima, tal como se explica en el caso, sin perjuicio de los delitos que se encuentran siendo investigados”.
Por tal razón, los abogados hacen responsables a la Subsecretaría del Interior ”de los daños y perjuicios sufridos por nuestra representada, tanto los ya ocurridos como los que persisten, derivados de estos actos de vulneración de derechos fundamentales".
