Una querella por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento público, presentó el pasado viernes 7 de febrero el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de tres exfuncionarios de la Municipalidad de Las Condes y particulares, debido al “fallido proyecto inmobiliario y de salud que provocó cuantiosas pérdidas de recursos fiscales”.
Desde el el CDE detallaron que “la acción penal imputa el delito de fraude al fisco, previsto en el artículo 239 del Código Penal, contraRicardo Nicolás Gutiérrez Lafrentz, Alejandro Esteban Contreras Morales y Héctor Patricio Navarrete Aris , exfuncionarios municipales, así como a Travisany Santos y Paul Gerard Capdeville Castro, representantes legales de Vulcon Asset Management SpA".
Asimismo, acusan “a los abogados Luis Antonio Espinoza Novoa y Eduardo Antonio López Arriagada, junto a los mencionados exfuncionarios Gutiérrez y Contreras, por el delito de uso malicioso de instrumento público, sancionado en el artículo 196 del Código Penal”.
El Consejo de Defensa del Estado sostuvo que “los hechos se vinculan a la gestión irregular de un supuesto proyecto inmobiliario destinado a la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), que nunca llegó a concretarse, generando una pérdida al patrimonio fiscal de aproximadamente 15.200 millones de pesos, equivalentes a 400 mil unidades de fomento (UF)”.
En el detalle, la querella da cuenta de “diversas ilegalidades detectadas durante el proceso de adquisición de terrenos para el proyecto, incluyendo la compra de propiedades a valores no justificados, la falsificación de un decreto municipal de marzo de 2022, y el ocultamiento de antecedentes relacionados con la adquisición de los terrenos”.
Hace un par de semanas, en tanto, Ciper publicó que “tres funcionarios de la Oficina de Partes de la Municipalidad de Las Condes y un abogado de su Dirección Jurídica confirmaron a la fiscalía que fueron testigos de que el decreto que habilitó la adquisición de diez terrenos para edificar un Cesfam, fue adulterado”.
Además, consignaron que “los antecedentes apuntan a que la fecha del documento, 15 de marzo de 2022, no es real, porque se redactó nueve meses después, en diciembre de ese año, y se insertó en el lugar de otro decreto que efectivamente había sido confeccionado en marzo”.
Finalmente, según el medio, los cuatro funcionarios habrían declarado que el director de control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, fue quien habría solicitado la reserva de un número de decreto antiguo.
