Finalmente este jueves 6 de febrero se publicó en el Diario Oficial el reajuste al sueldo mínimo que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero en Chile.
El aumento corresponde al reajuste producto de la inflación acumulada entre los meses de julio y diciembre de 2024, la que corresponde a un 2,1%, motivo por el cual el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) quedó fijado en $510.636, un aumento que no es menor desde los $410.000 que se pagaban por el mismo concepto en abril de 2023.
En tanto, en el decreto que se publicó en el Diario Oficial también se actualizaron los montos de los tramos de asignación familiar y maternal, los que quedaron establecidos de la siguiente manera:
- El primer tramo, corresponde a una asignación de $21.243 por carga, y es para aquellos cuyo ingreso mensual no exceda los $598.698.
- El segundo tramo, tiene una asignación de $13.036 por carga, para las personas cuyo ingreso mensual supere los $598.698, pero no exceda los $874.460.
- El tercer tramo, corresponde a una asignación de $4.119 por carga, para los beneficiarios cuyo ingreso mensual sea superior a los $874.460, pero no supere los $1.363.858.
Qué dijo el gobierno del alza en el sueldo mínimo
El gobierno, a través de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que el alza del sueldo mínimo a $500 mil “era una meta que el programa de gobierno tenía contemplada para el final de su período, pero gracias al diálogo y la voluntad política logramos adelantar esta medida”.
En ese sentido, la ministra Jara subrayó que el principal objetivo del reajuste es evitar que los trabajadores que perciben menores salarios pierdan poder adquisitivo frente a la creciente inflación.
En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el reajuste es un cumplimiento del compromiso adquirido con la CUT hace un año y medio, cuando se alcanzó un acuerdo para elevar gradualmente el salario mínimo, superando los $500.000.
Marcel destacó que este tipo de acuerdos, basados en el diálogo y la gradualidad en la implementación, permiten dar pasos significativos para mejorar las condiciones laborales y salariales en Chile, sin generar efectos adversos para la economía, el empleo o las pequeñas y medianas empresas.