Este jueves fueron resueltas las medidas cautelares contra los principales implicados en la suma de los casos Factop y Audios, que llevaron a la justicia a unirlos y efectuar una gran formalización que empezó el lunes de la semana pasada.
La jueza Cheyre Fernánde, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el empresario Álvaro Jalaff, y arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para su hermano Antonio Jalaff, ambos imputados por la arista Factop y quienes controlaban el Grupo Patio.
Sobre las penas a las que se arriesgan, la de Álvaro Jalaff podría ser de un mínimo de veinte años de cárcel, mientras que Antonio Jalaff podría enfrentar 23 años de prisión.
Los ejecutivos Felipe Porzio y Manuel Bulnes, de LarrainVial, quedaron con firma mensual y arraigo nacional.
La Fiscalía Metropolitana Oriente había pedido que los dos Jalaff -quienes son acusados de lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso - quedaran con prisión preventiva. Y para Porzio y Bulnes, quería que se les aplicara arresto domiciliario nocturno.
La justicia determinó mantener la prisión preventiva del empresario Daniel Sauer, quien la cumple en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde está en la misma situación el abogado Luis Hermosilla, eje del Caso Audios, del que se desprendió el Caso Factop.
Sobre el resto de los imputados, el exgerente general de LarrainVial, Claudio Yáñez, y el ex gerente de operaciones del Grupo Patio, Cristian Menichetti, aceptaron la medida cautelar de firma mensual y arresto domiciliario nocturno tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Andrés Bulnes, Andrea Larraín, José Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira quedaron con firma mensual y arraigo nacional.
Además, el tribunal dio un plazo de 60 días para la investigación.
Los delitos de la nueva arista salieron a la luz pública luego de que se revelaran audios de Luis Hermosilla en los que reconocía que hubo pagos a funcionarios públicos para obtener información que beneficiaba a Factop y que también ejerció influencias con ministros del segundo gobierno de Sebastián Piñera para apurar los permisos de una construcción en Lampa del Grupo Patio.
