Los parlamentarios Roberto Arroyo y Karen Medina, solicitaron a través de un oficio, dirigido al Ministerio del Trabajo, un registro detallado de denuncias de maltrato laboral, acoso psicológico y accidentes fatales que han tenido lugar en instituciones públicas desde el año 2014 hasta la actualidad.
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Esta acción se enmarca en un esfuerzo por abordar de manera transparente y proactiva una serie de incidentes que han evidenciado graves deficiencias en los protocolos de seguridad laboral y protección de los trabajadores del sector público.
Los recientes acontecimientos relacionados con el fallecimiento de la funcionaria de la Defensoría del Contribuyente del Ministerio de Hacienda, así como el trágico caso del funcionario del Subdepartamento de Mantención Técnica de La Moneda, y el Caso Monsalve, subrayan la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir el maltrato laboral y garantizar condiciones de trabajo dignas para todos los empleados del Gobierno. Estos sucesos, junto con otros casos preocupantes, subrayan la importancia de abordar de manera inmediata esta problemática.
Los diputados instaron al Gobierno a tomar medidas concretas para abordar esta situación y a brindar el apoyo necesario a aquellos trabajadores que se han visto afectados por estas circunstancias.
“Es preocupante y contradictorio que en un Gobierno que se ha jactado de leyes como la Ley Karin, destinada a prevenir y sancionar el acoso laboral, se presenten situaciones de maltrato y acoso laboral en instituciones públicas. Estos casos evidencian la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de seguridad y prevención en el ámbito laboral, así como la importancia de garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores, sea cual sea su área de desempeño. La transparencia y la pronta intervención ante denuncias de maltrato son fundamentales para erradicar estas conductas y promover un ambiente laboral sano y respetuoso”, sostuvo Medina.
Por su lado, el diputado Arroyo recalcó que “es inaceptable que las autoridades no garanticen la seguridad y bienestar de sus funcionarios, creando un ambiente propicio para el abuso laboral. En lugar de velar por el bienestar de sus trabajadores, parece que este Gobierno se ha convertido en el Gobierno del maltrato, permitiendo que situaciones como estas se repitan sin prevenirlas. Es hora de exigir responsabilidad y justicia para prevenir futuras tragedias”.
“Es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para asegurar que los trabajadores del sector público puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y saludable, libre de maltrato y acoso laboral”, concluyeron los legisladores.
