La diputada Catalina Pérez insistió esta tarde en no estar involucrada como parte de los imputados de la investigación por el caso de firma de convenios irregulares de Democracia Viva, luego de la filtración de una serie de chats de la carpeta investigativa en los cuales mantiene una sospechosa conversación con Daniel Andrade.
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Además, aseguró que una segunda causa abierta en su contra, esta vez por el eventual delito de aborto investigada por la Fiscalía de Antofagasta, solamente busca “algún motivo para desaforarme”, ya que la indagatoria por fraude al fisco no ha permitido establecer, a su juicio, que ella haya tenido participación directa en la ilícita defraudación al fisco.
La respuesta de Catalina Pérez
Fue en un extenso registro audiovisual, compartido esta tarde por la emisora radial ADN en sus redes sociales, que Pérez se defendió de la serie de supuestas imputaciones que apuntan en su contra en ambas líneas investigativas.
“Ante la publicación de múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía en una causa reservada, quiero expresar públicamente mi preocupación por esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la Fiscalía me acusa, que es del delito de fraude al Fisco”, inició la congresista.
“En primer lugar, repito lo que he dicho en innumerables ocasiones y que se corrobora con la filtración de los mensajes. Nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de los convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran. No recibí un peso de aquellos y no conocía los detalles financieros u operacionales de ellos”, puntualizó Pérez, quien explicó que en un inicio previo a las indagatorias judiciales “confié en mi pareja de ese entonces (Andrade), respecto de que todo estaba en orden y fui sabiendo detalles una vez que esto se conoció en la prensa”.
“Se han filtrado mensajes imprudentes sobre lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo, muy previos a las firmas de los convenios. Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios, una vez que esto era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentarlo, lo que era para mí en ese entonces una crisis comunicacional”, dijo.
“Me equivoqué, pero nada de esto da cuenta, ni de lejos, de un delito de fraude al fisco, que es de lo que se me acusa. O que conociera detalles con anterioridad, y menos que he intervenido en la firma de los convenios”, apuntó la diputada, quien aseveró ser “consciente de que todo esto ha causado un daño enorme, y también para mí un quiebre emocional profundo, pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias ni menos con participar de fraude al fisco”.
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La defensa de Pérez no sólo evidenció su postura respecto de una de las aristas del Caso Convenios, sino que también apuntó a su reacción ante la apertura de una causa penal en su contra, oficiada por la Fiscalía de Antofagasta, respecto de un eventual delito de aborto clandestino.
Me parece miserable. Como no existe evidencia para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas algún fundamento para culparme
— Catalina Pérez
“Además de todo esto, se ha conocido en las últimas horas una investigación paralela de la Fiscalía, que ha decidido buscar en mi información ginecológica algún motivo para desaforarme”, indicó Pérez, quien calificó la indagatoria de los persecutores judiciales de “miserable”.
“Me parece miserable. Como no existe evidencia para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas algún fundamento para culparme. Este me parece un exceso que no tiene nombre”, finalizó.
Precisamente de este segundo entuerto judicial de la parlamentaria fue que se pronunció la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien en línea con lo que ha sido su gestión al mando de la cartera, abogó para que no siguiera “persiguiendo y criminalizando a las mujeres” por temas relacionados al aborto.
“Creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema, y que debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida”, indicó Orellana en declaraciones reproducidas por latercera.com.
“Estas investigaciones implican para el Estado un gasto en fiscales, diligencias, audiencias, entre otros, para perseguir a mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o tomaron esta decisión en circunstancias muy complejas, y para ellas, una mayor vulnerabilidad y afectación en su salud mental”, concluyó.
