Un grupo de diputados presentó un nuevo proyecto de ley que busca prohibir en Chile la utilización de la mujer como vientre de alquiler. Esta iniciativa, que ha generado un amplio debate, se fundamenta en la defensa de la dignidad de las mujeres y los niños, con el propósito de erradicar la mercantilización de la gestación.
Los parlamentarios argumentan que la maternidad subrogada representa una vulneración de derechos y plantean modificaciones al Código Penal para sancionar diversas prácticas relacionadas con esta temática.
Iniciativa legal y sus promotores
La moción fue impulsada por un grupo de diputados que incluye a Juan Irarrázaval (Partido Republicano), Héctor Barría (DC), Ana María Bravo (PS), Felipe Donoso (UDI), Helia Molina (PPD), Francesca Muñoz (PSC), Ximena Ossandón (RN), Jorge Saffirio (Demócratas) y Consuelo Veloso (FA).
A través de este proyecto, se busca proteger a las familias, enfatizando la necesidad de salvaguardar los derechos de mujeres y niños. El texto propuesto establece que se prohíbe “todo tipo de práctica que involucre que una mujer geste uno o varios niños con el fin de que sean entregados a un tercero luego de nacer, cualquiera sea su denominación y la convención que dé origen a él, e independiente de si media o no remuneración o promesa de ella”.
Modificaciones al marco legal
El proyecto de ley también contempla una modificación al Código Civil, donde se establece la nulidad de cualquier contrato que implique la gestación a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna en favor de otra persona.
Esta medida busca desincentivar la práctica de la maternidad subrogada, reconociendo sus implicaciones éticas y legales. Juan Irarrázaval, uno de los principales impulsores del proyecto, manifestó que “es muy confortante hoy, con una bancada transversal, presentar un proyecto para defender la dignidad de las personas, en particular de las mujeres, prohibiendo la práctica de la maternidad subrogada”.
Destacó, además, que esta iniciativa se alinea con los esfuerzos internacionales para combatir la trata de personas y la explotación en el ámbito de la gestación. El texto también propone sancionar a quienes intermedien entre una mujer gestante y una pareja que desee adoptar al niño, así como a aquellos que organicen o publiciten la maternidad subrogada.
Asimismo, se prevé la penalización para los profesionales de la salud que participen en procesos de gestación asistida con el objetivo de facilitar esta práctica. Irarrázaval enfatizó que la experiencia internacional sugiere que las subrogaciones no comerciales pueden camuflar prácticas comerciales ilegales, poniendo en riesgo a las mujeres más vulnerables.
“La maternidad subrogada ha desarrollado una inescrupulosa industria que mueve millones de dólares a nivel mundial”, agregó, subrayando la necesidad de actuar en defensa de la dignidad humana.
El proyecto también sugiere la modificación de normativas sanitarias y de adopción, con el fin de crear un marco que prevenga la gestación subrogada. La propuesta cuenta con el respaldo de la Declaración de Casablanca, firmada en 2023 por más de cien líderes mundiales, que aboga por la abolición de esta práctica.
