La decisión fue adoptada este martes por el pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde se determinó presentar dos querellas criminales en torno a las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público respecto de los casos Convenios y Audios.
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Una de las acciones dice relación con la arista Democracia Viva del caso Convenios y apunta a la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, por el delito de fraude al Fisco. Por esta causa, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará el próximo 10 de febrero la solicitud de desafuero solicitada por la Fiscalía en contra de la parlamentaria, donde también participará el CDE.
A la diputada Pérez se le atribuye responsabilidad como una de las supuestas intervinientes en los presuntos delitos de fraude al Fisco derivados de las firmas de millonarios convenios en 2022 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva, causa por la que ya están formalizados su expareja y exrepresentante de la entidad, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
Caso Audios
Respecto de la causa en que se investiga al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, la acción penal se dirige en su contra por su eventual responsabilidad en la divulgación de información relativa a antecedentes protegidos por el secreto que establece el artículo 38 de la Ley 20.000.
El fiscal Palma fue apartado del Ministerio Público en septiembre de 2024 luego que se revelarán una serie de chats con el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por el caso Audios, mientras concursaba por la carrera de la Fiscalía Nacional.
Actualmente, el persecutor está siendo investigado por omisión de denuncia, en el marco de las conversaciones que mantuvo con Gonzalo Migueles –pareja de la exministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco– en medio de su postulación para liderar el Ministerio Público y por violación de secreto, debido a la entrega de información a Hermosilla en una causa por tráfico de drogas.
Desde el Consejo de Defensa del Estados indicaron que ambas decisiones adoptadas se fundan en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de las carpetas investigativas en cada caso.
