La ansiada y discutida reforma previsional, cuyo proyecto de ley fue enviado por el Gobierno al Parlamento en noviembre de 2022, fue retomada ayer en el Legislativo luego de varias semanas.
PUBLICIDAD
Y tras una serie de conversaciones y análisis, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado acordó este miércoles un cronograma para despacharla.
Por ello se abrirá un plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes 13 de enero. Luego, se procederá a votar las modificaciones, entre el miércoles y el jueves que vienen.
Así lo dio a conocer el senador UDI Juan Antonio Coloma -presidente de la instancia que completan Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Gastón Saavedra (PS) y la indepedendiente Alejandra Sepúlveda-, al final de la cita de tal Comisión.
“Tenemos el compromiso de despachar esta norma de la Comisión durante el mes de enero. Ahora escuchamos la exposición del Ejecutivo y discutimos las características de la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, señaló el parlamentario gremialista.
Juan Antonio Coloma recordó que “hay temas relevantes como el 6% de capitalización (a cargo del empleador, que aún no está claro cómo será entregado), así como generar las condiciones para que con la misma edad y el mismo ahorro, mujeres y hombres tengan similar jubilación. También hay mejorar la gestión (de las) para que bajen las comisiones de administración”.
Por el Gobierno expusieron la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quienes valoraron el establecimiento de un cronograma para el despacho de la iniciativa, especialmente porque todos reconocen que el proceso que ha sido complejo.
PUBLICIDAD
“Hemos avanzado porque se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar la PGU con un calendario que acorta los plazos originales que propuso la Cámara Baja, en el entendido de que hay muchas personas que esperan este reajuste... Esperamos que esto se viabilice en las indicaciones que serán entregadas para la discusión de la Comisión la próxima semana, ya que hay una responsabilidad compartida entre oficialismo y oposición para llegar a acuerdos razonables para la ciudadanía”, señaló la titular del Trabajo.
Y su colega de Hacienda precisó que “lo que estamos tratando de hacer es tener dentro de la estructura de las pensiones un componente de seguro social que sea relevante y permanente. Por eso estamos mirando los recursos que irán a ese seguro en su conjunto, más que a cada uno de sus determinantes”.
La principal controversia es sobre el 6%, que algunos sectores de la oposición quieren que vaya de forma íntegra a las cuentas individuales, tal como lo promociona la Asociación de las AFP por medio de publicidad, mientras que el Gobierno apuesta por lo máximo que pueda negociar a solidaridad.
