La parlamentaria Carmen Gloria Aravena se refirió a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, lo que desencadenó la solicitud de renuncia a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
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En este contexto, la congresista expresó que “me parece muy prudente, muy lógico que haya renunciado, era lo que correspondía. Quizá yo lo hubiera hecho mucho antes. Ahora bien, habría que preguntarse qué pasó con los abogados que llegaron a un punto, incluso, de firmar un compromiso de compra-venta. Habiendo revisado los documentos, no tuvieron en cuenta que una ministra no puede venderle al Estado. Este tipo de inhabilidades son conocidas por quienes hemos trabajado en la administración pública, y que no se hayan considerado refleja una desprolijidad tremenda”.
La senadora por la 11ª Circunscripción, Región de La Araucanía, añadió que el valor del inmueble y sus condiciones tampoco justificaban el esfuerzo administrativo desplegado. “Es una vivienda con valor histórico, pero está en condiciones deplorables y su entorno no respalda el precio que se pretendía pagar. Mientras tanto, hay casas de igual relevancia, como la del poeta Jorge Tellier en Lautaro o la de Pablo Neruda en Temuco, que podrían adquirirse por cifras mucho menores y no se priorizan. Esto refleja una falta de claridad en las prioridades del Estado”, criticó.
En relación con la administración pública, la miembro de la Cámara Alta subrayó la importancia de la experiencia en cargos de alto nivel. “En el Gobierno no se puede venir a aprender. Creo que ha habido un exceso de contratación de personas cercanas al pensamiento político del Presidente, pero con poca experiencia. Esto ha sido un error constante que afecta la credibilidad de la institucionalidad”, aseveró.
El caso, que provocó un fuerte revuelo político, sigue dejando preguntas abiertas sobre la gestión del Gobierno y las capacidades técnicas de los equipos que lo componen. “Es fundamental revisar el proceso administrativo y determinar responsabilidades, porque este tipo de errores no pueden repetirse en la administración pública”, cerró la parlamentaria de 58 años.
