La denunciante del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una medida prejudicial probatoria contra la Subsecretaría del Interior, acusando al Estado de no brindar protección frente a los graves hechos que denunció.
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La acción legal, ingresada el 26 de diciembre en el 2° Juzgado de Letras de Santiago, busca obtener acceso a 27 documentos clave que permitan fundamentar una eventual demanda por vulneración de derechos fundamentales. El escrito, de nueve páginas, fue respaldado por el Estudio de Abogados RFU, compuesto por Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa.
“Con el fin de preparar las eventuales acciones que se podrían ejercer, en especial la de tutela de derechos fundamentales con relación funcionaria vigente (...), vengo en deducir medida prejudicial probatoria en contra de Fisco de Chile”, señala de entrada el escrito, según consignó La Tercera.
Denunciante acusa falta de medidas preventivas
La funcionaria de La Moneda, quien afirma haber sido víctima de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, además de delitos de violación y abuso sexual presuntamente cometidos por Monsalve, sostiene que el Estado no implementó acciones preventivas para evitar estos hechos.
“El Estado de Chile no implementó ninguna medida preventiva para evitar que estos ocurrieran, lo cual consagra el origen laboral de lo vivido y la necesidad de reparar los efectos de los mismos”, se lee en el documento, según expuso el medio Ex-Ante.
La mujer señala que los episodios ocurrieron durante su vínculo contractual con la Subsecretaría del Interior, agravando su situación física, psicológica y profesional. Además, denuncia que las acciones posteriores, incluyendo el manejo mediático del caso, han contribuido a un ambiente revictimizador que ha afectado su integridad y estabilidad laboral.
“La presente solicitud se funda en los actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo de los que fui objeto durante la relación contractual con la requerida, tras ser víctima de actos constitutivos de estos mismos, así como delitos de violación y abuso sexual durante la noche del 22 a la madrugada del 23 de septiembre del 2024, actos perpetrados por mi jefatura directa, esto es el exsubsecretario del Interior, con ocasión de la labor, episodios que en sí mismos afectaron gravemente mi integridad física y psíquica e intimidad, además de mi derecho a la no discriminación y libertad de trabajo”, señala.
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La denunciante afirma que, tras los hechos, ha enfrentado incertidumbre respecto a su vínculo contractual, actualmente regulado bajo un convenio a honorarios, lo que incrementa el riesgo psicosocial al que está expuesta. “La falta de especificación de las condiciones contractuales tras mi reintegro, además de múltiples aspectos revictimizadores, me exponen a constantes riesgos psicosociales”, expuso la mujer.
Para sustentar su caso, la denunciante solicitó acceso a una serie de documentos que incluyen:
- Correos electrónicos entre ella y el exsubsecretario.
- Agendas laborales de ambos durante 2024.
- Registros de viajes y reservas de hotel compartidos.
- Reglamentos y protocolos sobre acoso y violencia en el trabajo.
- Medidas de resguardo implementadas a su favor.
- Comunicaciones internas relacionadas con el caso.
El juzgado acogió la solicitud y ordenó al Fisco entregar los documentos antes del 27 de enero de 2025.
Con esta medida prejudicial, la denunciante prepara el camino para una posible acción judicial en contra del Estado. Según el documento, podría emprender una demanda por tutela de derechos fundamentales, amparada en los artículos 485 y 7 del Código del Trabajo, y una acción declarativa de relación laboral.
