De acuerdo a un informe de Carabineros de Chile, las ocupaciones ilegales de terrenos en la macrozona sur disminuyeron un 59%, pasando de 103 casos registrados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, a 42 en el mismo período de 2024.
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Asimismo, los arrestos por tomas de terrenos aumentaron un 900%, al pasar de 7 a 63 detenciones. En La Araucanía, los detenidos crecieron de 4 a 35, mientras que en Biobío se registraron 28 arrestos, comparados con los 3 del año anterior.
En este contexto, la senadora por la Región de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, una de las impulsoras de la ley, indicó que estos datos confirman la efectividad de la normativa y la necesidad de continuar fortaleciendo las herramientas legales para combatir las usurpaciones.
“Es una excelente noticia la significativa disminución de las usurpaciones en Chile, y aún más valioso es el incremento en las detenciones. Esto no solo protege la propiedad privada, sino que también refuerza el respeto al Estado de Derecho y la seguridad de las familias chilenas”, sostuvo.
La parlamentaria recordó el arduo trabajo que implicó la aprobación de esta legislación, subrayando además su relevancia histórica. “Esta ley fue producto de un esfuerzo enorme, porque durante mucho tiempo existió temor de defender la propiedad privada en Chile. Fueron más de 130 años de espera para modernizar una normativa que era urgente. Hoy podemos decir con orgullo que quienes participamos en su creación vemos resultados concretos que benefician a los ciudadanos”, detalló.
Aravena también hizo un llamado a poner el foco en soluciones reales para los problemas que afectan a las familias, dejando de lado debates que distraen de lo fundamental.
“En política, muchas veces se pierde tiempo en discusiones banales que no abordan los problemas que realmente importan a las personas. Este es un claro ejemplo de cómo las leyes bien pensadas y con un enfoque claro pueden cambiar la vida de las familias que enfrentan usurpaciones de sus bienes”, dijo.
Por último, la senadora reiteró su compromiso de seguir perfeccionando la normativa. “A un año de su implementación, este es un buen momento para analizar qué aspectos se pueden mejorar, con el objetivo de que la ley sea aún más efectiva en disuadir a quienes pretenden usurpar o dañar bienes privados que tanto esfuerzo han costado a sus propietarios”, sentenció.
