Durante el 2024 se han concretado 662 expulsiones administrativas, la cifra más alta en los últimos seis años, pese a que ley de Extranjería y Migración no regula el proceso, por lo que se hacía urgente implementar medidas de coordinación entre los distintos organismo públicos que intervienen en su ejecución.
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Según cifras del Gobierno, los decretos de expulsión administrativa pasaron de 24 000 el año 2022 a 30 000 el 2024.
El ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que “luego de la modificación y de la publicación de la ley, ha sido necesario incorporar una serie de ajustes que van en tres órdenes: adecuaciones legales adicionales para permitir las notificaciones más expeditas, en segundo lugar, incorporar tecnología para poder integrar el funcionamiento de las instituciones y, en tercer lugar, aumentar las dotaciones, particularmente la del Servicio de Migraciones, para poder llevar a cabo los procesos de expulsión”.
El secretario de Estado añadió que la medida busca acelerar y optimizar los procesos de expulsión de personas extranjeras con órdenes vigentes, priorizando aquellos casos que representan mayor riesgo para la seguridad pública, ya que habrá una “priorización de expulsiones administrativas respecto de aquellas personas vinculadas con antecedentes penales a organizaciones criminales, lo que nos permite alinear el plan de expulsiones administrativas con la política de crimen organizado”, sostuvo Cordero.
Mejorar la coordinación
El protocolo establece además una mejora de la integración de la información entre instituciones, que incluirá por parte de Gendarmería un informe semanal a la Policía de Investigaciones (PDI) “sobre extranjeros en prisión preventiva o cumpliendo condenas, así como plazos para la comunicación de infracciones a la Ley de Migración y coordinación para la materialización de expulsiones”, sostuvieron en un comunicado.
El ministro Luis Cordero detalló que estos cambios van a “permitir que las expulsiones sean desarrolladas de un modo con mayor regularidad que la que podemos estar realizando en la actualidad”.
Asimismo, el ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública recordó que hace algunos días “el Servicio Nacional de Migraciones puso a disposición de las policías una herramienta tecnológica con el propósito de que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, en sus controles regulares, pudieran disponer de mecanismos de consulta directa sobre la situación migratoria de las personas, especialmente para aquellas que están con decreto de expulsión vigente”.
