Una consecuencia tuvo la caótica atención a migrantes del lunes en el estadio Víctor Jara: el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, le pidió la renuncia al director regional Metropolitano, Jorge Zúñiga. De manera interina asumirá Katherine Jorquera, mientras se busca quién llene el cupo vía Alta Dirección Pública.
Morales fue uno de los personeros que habló de una “lamentable confusión” como causa del desorden vivido ese día, pues los extranjeros habrían confundido el normal trámite de enrolamiento (que piden las AFP, por ejemplo), con las posibles regularizaciones, adelantadas por el Ejecutivo un día antes. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, descartó el martes que la culpa fuera de los migrantes, sino que reconoció que las cosas se organizaron de mala manera. El comunicado oficial no señala el motivo del despido de Morales.
Más allá de la salida del funcionario, las críticas al proceso que estudia el Gobierno, de eventualmente regularizar a los migrantes empadronados que cumplan requisitos, sigue siendo cuestionado. Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó ayer la idea de que “el Gobierno siempre ha dicho que no va a haber, a diferencia de lo que pasó en la administración anterior, una amnistía general a personas irregulares en el país, y que cuando haya una regularización, el primer requisito va a ser estar empadronado”.
Además, recordó que el proceso de regularización no está confirmado por el Ejecutivo. “El Gobierno no ha hecho ningún anuncio, hemos comentado que esto es lo que tenemos en mente, y lo hemos estado madurando y conversando”, manifestó Tohá.
El proceso volvió a ser criticado por el candidato presidencial Vlado Mirosevic (PL), quien dijo que miraba “con cierta distancia la propuesta del Gobierno; puede haber efectos no deseados, como un ‘efecto Cúcuta’. Hay que ser muy realistas de que Chile ya copó su capacidad de recibir migrantes hace mucho tiempo”.
Otra crítica surgió desde el senador José Miguel Durana (UDI), miembro de la Comisión de Seguridad, quien luego de reunirse con la contralora, Dorothy Pérez, a quien pidió que se fiscalice urgentemente al Servicio de Migraciones, pues indicó que hay 585 mil migrantes en Chile que sufren el retraso en el trámite de regularización, generando graves consecuencias sociales y administrativas.
“Cuatrocientas mil personas hoy día están en una condición de espera, de revisión, es decir, en condición irregular. El Gobierno anunció que va a regularizar 185 mil personas, pero resulta que al final van a terminar siendo 585 mil, porque no sabemos qué pasa con los 400 mil que en algún minuto se les dio cédula de identidad temporal”, detalló Durana.
