Aunque desde el inicio del caos que se vivió en el estadio Víctor Jara, el lunes, por trámites del Registro Civil, el Gobierno ha manifestado que todo se produjo por una confusión e, incluso, que ésta había sido gatillada de manera orquestada, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien también tenía esa hipótesis, finalmente reconoció en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, donde fue citado, que hubo errores.
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Antes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, había señalado que hubo una “confusión” en la ciudadanía, por el anuncio de una posible regularización, con la apertura de una oficina momentánea para atender migrantes. Incluso, indicó que alguien “deliberadamente” habría incitado a este error. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sumaba a esta versión al afirmar que “se han confundido” enrolamiento y empadronamiento.
El lunes, Cordero había indicado que “hay líderes de opinión que no apoyan ningún proceso de regularización, sino que consideran que se puede expulsar a todos, y han fomentado el temor y confundir a la ciudadanía”. Ayer, ante la comisión, reconoció que “soy el primer autocrítico de la forma y modo en que se realizó. No es necesario ocultar el sol con un dedo: esta situación se gestionó de manera inadecuada”.
“Las personas tenían perfectamente claro que era el proceso de enrolamiento, lo que ocurrió fue que la convocatoria fue general, por redes sociales y hubo una gestión inadecuada”, añadió.
En la reunión con los parlamentarios, el subsecretario defendió la idea de la regularización mostrando cifras del impacto positivo de la migración. “Hay que tener sentido de realidad”, dijo ante peticiones de expulsión total. Además, expuso que “si alguien supone que hay una estrategia de popularidad, la evidencia demuestra todo lo contrario”.
Más temprano, en el lanzamiento de una aplicación que permitirá a las policías identificar migrantes con orden de expulsión en tiempo real, Cordero manifestó que “detrás de la idea de regularizar no hay buenismo, no hay perdonazo, es la única forma de proveer de tranquilidad a los chilenos de que sus vecinos están sometidos a las reglas del sistema institucional”.
El proceso de “regularización acotada” está teniendo una serie de críticas. El presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Rubén Oyarzo (Ind./Dem.), dijo que “no puede ser que en la comisión estemos fortaleciendo la ley de migraciones y, por otro lado, se quiera hacer un perdonazo”.
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En la sesión, José Carlos Meza (Rep.) expresó que “preguntamos expresamente si el empadronamiento era regularización y nos dijeron que no. Es un gobierno mentiroso” y Joanna Pérez (Dem.), que “el Gobierno mintió nuevamente y muestra su doble estándar. Hacemos un llamado a ser serios y mantener una migración ordenada, regular y segura”.
Para Constanza Martínez, presidenta del FA, en el caos de en el Registro Civil “hay aprovechamiento político, pues la oposición utiliza la migración para desordenar el debate”.
Sin embargo, el diputado Vlado Mirosevic (PL) fue crítico al indicar que “es confusa cuál es la hoja de ruta del Gobierno. Sería bueno que lo explicara”.
De mano de obra barata a bombas en la frontera
La discusión sobre la regularización y el control de la migración ha tenido capítulos aparte esta semana. Uno de ellos enfrentó a Andrés Longton (RN) con el empresariado.
El parlamentario fue muy crítico no sólo con la “regularización acotada”, sino también con las propuestas de la Sociedad de Nacional de Agricultura, que sugería implementar visas de trabajo temporales para cubrir las cosechas. En radio Universo, el diputado aseguró que las propuestas eran “irreponsables” y que recordaban “las visas de turismo laboral, que tanto daño nos hicieron con Bachelet. Están desconectados de lo que pasa en los barrios. Ellos piensan en el bienestar de sus empresas y tener mano de obra barata”.
El presidente de la SNA, Antonio Walker, respondió que era “una falta de respeto” la crítica del parlamentario. “No tiene nombre que un diputado pueda interpretar nuestra postura de esa forma”.
Walker, de paso, aclaró que “es mucho más barato tener un trabajador informal. La agricultura chilena exporta a mercados muy sofisticados, que nos exigen el cumplimiento de las buenas prácticas laborales”.
El saliente presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, también expuso ayer que era importante la regularización, “para que los migrantes empadronados puedan tener acceso a seguridad social, a mejores condiciones y un trabajo formal”.
Otro lío se produjo en la sesión de la Cámara Baja, cuando Cristián Araya (Rep.) recibió críticas a viva voz cuando propuso mucho más que construir la zanja propuesta antes por José Antonio Kast: “Hemos presenciado brutales hechos de violencia, todos con un patrón en común, inmigrantes ilegales”.
Luego recordó que durante la Dictadura “se instalaron más de 180 mil minas antipersonales, lo que evitó el libre tránsito por la frontera. Hoy no hay control y el gobierno no tiene la voluntad de frenar la inmigración ilegal. No han presentado ninguna medida más que unos parlantes”.
A los presentes les agregó: “Hay muchos que se escandalizan con lo que realmente se requiere: dinamitar nuestra frontera, instalar aduanas con tecnología de punta y retomar el minado”.
