Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial “sobre los impactos económicos que suponen los migrantes en Chile” fue citado como el documento clave por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, para establecer la idea de regularizar inmigrantes que cumplieran con una serie de requisitos, el más importante, haberse empadronado.
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El texto del BID y el BM destaca los elementos positivos que tiene la migración, da ejemplos concretos y propone medidas. Por ejemplo, indica que “facilitar los cruces regulares es una herramienta efectiva para reducir las entradas irregulares” y destaca que entre los migrantes el porcentaje de personas en edad de trabajar es mayor que el de Chile, “generando un escenario propicio para el crecimiento económico; podría aliviar las consecuencias del envejecimiento de la población y la presión sobre el sistema de pensiones”.
Emiliano Fucks, economista y académico de la Usach, comenta que “los posibles efectos de la regularización sobre la economía no deberían ser muy pronunciados, debido a que la mayoría de estas personas ya está inserta en la economía chilena, producto de que participaron del empadronamiento, donde dieron sus datos, información socioeconómica, sus actividades y si han cometido delitos”.
Fucks añade que “el hecho de que se regularice la situación de esas personas puede ayudar a que muchos que estén trabajando en el lado de la informalidad puedan pasar a la formalidad lo cual puede ayudar a que el PIB en términos absolutos aumente de manera marginal. También por el lado de los impuestos, el trabajador que se formaliza puede ayudar a la economía”.
Efectivamente, el documento del BID dice que “entre 2017 y 2023, las personas migrantes aportaron 0,8% al crecimiento del PIB chileno” e indica que redujeron el déficit fiscal entre 2017 y 2023, pues elevaron el gasto público en US$ 1.800 millones, pero aportaron en impuestos US$ 2.900 millones. Además, “los migrantes generaron en promedio 863 mil empleos nuevos”.
“En Chile, sólo la migración venezolana ha generado el 0,2% del crecimiento del PIB y US$ 117 del PIB per cápita”, se lee también, sobre la base de documentos del propio BM con base en cifras del INE 2023. El informe del BID dice que en 2022 “por cada peso de beneficio a un chileno, el fisco recibió 1,01 pesos de impuestos, mientras que por cada venezolano, se pagaron en impuestos 1,62 pesos, y de otras nacionalidades 1,61 pesos”, con base en la Encuesta Casen 2022.
El texto que citan desde Interior aborda el consumo y da como ejemplo Italia, donde “las personas migrantes en situación regular consumen 40% más que quienes están en situación irregular”, mientras que en España, “tras la regularización (2004), por cada 10 migrantes regularizados, 3,4 adicionales presentaron declaración de renta” y estableció que “las provincias aumentaron el recaudo fiscal entre 1% y 2% anual”.
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Nanette Liberona, doctora en Antropología y Sociología, académica de la U. de Tarapacá y experta en la materia, cree que “para la economía de la región sería muy importante una regularización, ya que actualmente sólo se insertan desde la informalidad. Es importante que las personas migrantes puedan imponer o beneficiarse con los servicios sociales”.
La seguridad también pasa por la inclusión
No sólo asuntos económicos, sino también de seguridad, expuso el subsecretario del Interior, Luis Cordero, al defender el plan para regularizar migrantes. “Saber dónde están esas personas y evitar su exclusión, porque las personas no regularizadas que no han cometido delito, uno tiene que evitar que sean expuestas a esa comisión, porque están expuestas a bandas criminales”, dijo.
El documento base del BID y el Banco Mundial establece que “el análisis en 55 países en un período de 30 años muestra que el aumento de la cantidad de migrantes no impacta la tasa de homicidios”; que “en Italia, la regularización de 2007 disminuyó la criminalidad” y que “entre los migrantes que obtienen un permiso de trabajo, la tasa de crimen es 50% menor que aquellos que no lo obtienen”. En Estados Unidos, en tanto, “la regularización mejora también la percepción de inseguridad por la ciudadanía”.
Nanette Liberona, académica del Departamento de Antropología y Doctorado en Ciencias Sociales de la U. de Tarapacá, confirma que “teniéndolos regularizados, se mejorarían las relaciones entre la población local y los colectivos migrantes, porque algo que dificulta la relación, que produce descontento social, es que existan personas en situación administrativamente irregular. Cuando el Estado tenga conocimiento de su actuar, de su pasado, de sus antecedentes, se va a empezar a reconocer lo que están aportando al desarrollo económico, cultural y social de nuestras regiones del norte”.
El informe del BID aconseja una lista de medidas, la mayoría para la inserción social, como una institucionalidad para la gestión del problema; fortalecimiento del Consejo Interministerial de Política Migratoria; distinción de responsabilidades nacionales, regionales y municipales; un mecanismo para la supresión de barreras de inclusión y mitigación de desconfianza.
Emiliano Fucks, economista y académico de la Usach, destaca, además, que “desde el punto de vista económico, la regularización tiene muchos más beneficios que costos, al compararla con la medida de expulsar a estas personas extranjeras. Es importante no estigmatizar y tener en consideración que participaron de buena fe en el empadronamiento”.
