Se abren días clave para la reforma previsional. Deberán revisarse los temas pendientes, como la distribución del 6% adicional con cargo al empleador y la reorganización de la industria, con la polémica licitación del stock de afiliados incluida. Los empresarios lo han puesto como un avance perentorio incluso en reunión con el Presidente Boric, quien a su vez puso el tema como el número uno de la agenda.
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“Espero que podamos llegar a puerto durante enero, depende de la voluntad de las dos partes, en este caso de la oposición”, dijo el mandatario.
Y se ha avanzado. La Comisión de Trabajo ya aprobó un cambio al sistema de multifondos por fondos generacionales, la limitación a las comisiones de intermediación, un Comité Técnico de Inversiones, un sistema de cobranza centralizado y cambios al seguro de lagunas previsionales. Antes, un protocolo firmado en agosto propuso los plazos que ahora se vienen encima.
Pero que se haya llegado a acuerdo en instancias previas, ¿garantiza que en los plenos se apruebe de manera rápida?
No es así, responde Mario Herrera, analista político y académico de la U. de Talca. “El Senado suele respetar los acuerdos, pero la Cámara, por su alto nivel de polarización y fragmentación, tiene casos en que los acuerdos no llegan a fin”.
De paso, el experto duda de que el plazo de enero sea posible: “No va a ser aprobado completo en enero, porque necesariamente tiene que ir a tercer trámite constitucional. Estuvo prácticamente un año en la Cámara y un año en el Senado, muy probablemente no alcance a ver la luz durante el Gobierno del Presidente Boric”.
Varios personajes del Senado están optimistas. Gastón Saavedra (PS), de la Comisión de Trabajo, ha señalado públicamente su optimismo, pero ha recordado que el oficialismo es minoría en el Senado.
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Negociar es la clave, indica Mauricio Rojas Casimiro, doctor en Políticas y Sociología, magíster en Comunicación Política y académico de la U. de Playa Ancha.
“El oficialismo debe tener un principio de realidad, que va a tener que ceder, porque no tiene mayoría. Esta es una ocasión propicia, por los comentarios de algunos políticos. En Chile está la teoría de que las elites están más polarizadas que la sociedad y lo que importaría es que a la hora de la votación se pusieran de acuerdo y privilegiaran, por sobre la política, aspectos más bien técnicos”.
Efectivamente, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) dijo al Canal del Senado que “la mayor dificultad” en la tramitación de la reforma ha sido “la defensa de la ideología”.
Para Rojas Casimiro, “el Gobierno tiene que entender que el 6% no va a ir a un fondo común al estilo Estado de Bienestar de las socialdemocracias. Pero no son dicotómicos, lo técnico no se separa de lo ideológico, el experto que va la Comisión siempre tiene, aunque no lo diga, una ideología”.
Finalmente, Herrera asegura que el Gobierno se juega algo más en esta discusión.
“Es importante para el Presidente mostrar ciertos resultados y uno clave para poder potenciar alguna candidatura presidencial de su sector sería tener una reforma de pensiones aprobada”.
Lo que no debe faltar en el nuevo sistema
No es el único, pero el nudo del destino del 6% adicional ha trabado las negociaciones. Para definirlo, asegura Óscar Guevara, director de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, hay que analizar varios factores que van más allá del gusto de los negociadores “para que no genere distorsiones al sistema. Hay proyecciones de la Superintendencia de Pensiones que hablan que una distribución razonable sería que entre 3,5% y 4,5% vaya a la cuenta individual”, dice.
“La evidencia científica muestra que la tasa de reemplazo aumenta en la medida que una mayor parte de este 6% va a la cuenta individual, pero también hay que considerar el atributo de solidaridad, que a la vez tiene efectos acotados en el mercado laboral, que es otro riesgo que se corre cuando se imponen altos costos, que aumente la informalidad”, añade.
Mario Herrera, analista político y académico de la U. de Talca, observa que “hay una especie de visión de que el Estado tiene que disminuir el tamaño y que el 6% va más bien a financiar la actividad estatal, y así, no sería un aporte al fondo de pensiones, sino una especie de impuesto”. Y añade que “cuando a la opinión pública se le pregunta si están de acuerdo con que esa plata vaya a las cuentas individuales, la mayoría responde que sí, pero cuando se pregunta si van a las AFP, la respuesta cambia, porque son vistas con una visión negativa”.
La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.) ha hecho hincapié en que el tema del 6% no es el único trabado, pues también se discute aún el alza de la PGU, su cobertura, el monto; la licitación de stock; el sistema de postulación de Rentas Vitalicias; el cambio de comisiones por flujo a saldo; la separación de la industria; el actor público de la inversión; el seguro de longevidad; el autopréstamo…
De acuerdo a Óscar Guevara (U. Finis Terrae), hay puntos clave que no pueden quedar fuera de esta reforma. “Hay desafíos que enfrentar, como el envejecimiento poblacional; las lagunas y la sostenibilidad financiera a largo plazo. Así, los tres pilares relevantes son aumentar la densidad de cotización, incluyendo el impopular aumento de la edad de jubilación, alza del porcentaje de cotización y fomentar la generación de empleo formal. Otro es quién administra el sistema, las AFP lo han hecho bien y la administración debe estar en manos de expertos. Y el tercer pilar es que haya una parte de equidad y solidaridad”.
