Luego de ocho meses de investigación, la Superintendencia de Educación Superior ordenó a la Universidad de los Andes iniciar un proceso administrativo sancionatorio tras concluir una investigación de ocho meses sobre el caso de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional que se quitó la vida el 16 de marzo. La joven había denunciado maltratos y acoso por parte de sus profesoras tutoras durante sus internados clínicos, una situación que no recibió respuesta adecuada por parte de la institución.
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Según la resolución, Catalina enfrentó hostigamiento durante su internado en el Hogar Español en 2022. Las denuncias, realizadas por ella y respaldadas por 26 estudiantes en un correo enviado desde su cuenta, no fueron atendidas por las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional. La universidad no investigó los hechos ni informó al Hogar Español sobre los problemas reportados, lo que agravó el maltrato hacia la estudiante.
La investigación reveló que la universidad incurrió en irregularidades graves, como la falta de registro de calificaciones, ausencia de evaluaciones y cambios en las notas durante los internados de Catalina, tanto en el Hogar Español como en Pepikan. Además, se evidenció que Catalina atendió pacientes sin supervisión en este último lugar, violando normas básicas de seguridad y ética profesional.
La Superintendencia ordenó sancionar a las académicas Paola Manghi y Valeria Zamora, implicadas en el maltrato y en fallas en la aplicación de normativa interna. Sin embargo, el organismo también cuestiona la omisión de responsabilidades de altos directivos, como el Decano de Medicina y el Director de la Escuela de Terapia Ocupacional, quienes respaldaron las acciones de las docentes involucradas.
Carolina Cors, madre de Catalina, expresó a través de redes sociales su satisfacción por los resultados de la investigación. “Están corroborados todos los hechos relatados por Catalina, con nombres, cargos y fechas”, afirmó. También destacó que las tres terapeutas ocupacionales responsables del hostigamiento ya fueron sancionadas por la universidad.
“Espero que siente precedente para que estas malas prácticas cesen definitivamente y no tengamos más vidas que lamentar. Hija mía, seguiré en la lucha hasta que el respeto y la dignidad recuperen su espacio”, cerró.
Este lamentable caso marca un precedente en la regulación de prácticas académicas en instituciones de educación superior, subrayando la necesidad de protocolos claros para proteger a los estudiantes y garantizar entornos libres de maltrato.
