La lluvia de polémicas aún en investigación o con personalidades en prisión preventiva le han quitado protagonismo a un asunto que está lejos de darse por finalizado: el Caso Audios y sus innumerables aristas.
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Aunque no se ha llevado los titulares de las últimas semanas, el caso avanza y, en su perspectiva más política, incluir al exministro Andrés Chadwick entre los imputados es un objetivo. Por ejemplo, este fin de semana, la diputada Camila Musante (Ind./PPD), quien es querellante en el caso de tráfico de influencias en el Poder Judicial, manifestó su disconformidad porque, la semana pasada, el Ministerio Público informara que solicitará la formalización del abogado Luis Hermosilla en la arista Parque Capital sin considerar al exministro del Interior Chadwick.
Curiosamente, la misma parlamentaria se quejó porque las dos declaraciones de Chadwick, la última de ellas el viernes recién pasado, no se han filtrado a través de la prensa. “El Ministerio Público sienta un muy mal precedente, hay un mantra de impunidad que toca al exministro del Interior. Le quedan amigos en Fiscalía”, expuso.
Chadwick habló ante el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, por la arista Parque Capital, donde según la indagatoria, Chadwick y Hermosilla habrían facilitado que el Ministerio de Vivienda aprobara permisos en un par de meses, cuando en la práctica demoran años.
Por esta irregularidad, que las exautoridades de Vivienda aseguran que no es tal, sino que se había impuesto una política de acelerar todo tipo de proyectos grandes para aumentar el crecimiento, es que el fiscal Orellana pidió formalizar a Hermosilla, por el delito de tráfico de influencia. Esa nueva audiencia tiene fecha para el 8 de enero.
También dio declaraciones hace pocos días Leonarda Villalobos, la abogada que grabó la conversación con Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Habló ante el fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, y habría señalado que “todos estaban metidos y querían saltar del barco antes de que se hundiera”, como consignó La Tercera.
En ese sentido, siguió diciendo en su declaración que “era tanta la presión, que llegué a la irracionalidad de cometer el mayor error de todos, grabar una reunión donde ni siquiera busqué protegerme”.
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También podría dejar estela una declaración reciente de Ariel Sauer, divulgada por The Clinic, que indica que en 2017 Factop le prestó $ 120 millones a la entonces candidata a senadora Andrea Molina, monto que no fue informado al Servel, violando la ley de elecciones.
Asimismo, debería dar que hablar en los próximos días los antecedentes que entregó la Fiscalía Oriente, que tiene en su poder el celular de Luis Hermosilla, al Consejo de Defensa del Estado, que contiene chats de funcionarios públicos con el penalista.
De acuerdo a Ciper, todas las conversaciones entre 2017 y 2023 llegarán a las oficinas de CDE donde hay chats que son parte de causas y otros que no, y podrían abrir nuevas aristas.
Los dardos apuntan cada vez más al exfiscal Guerra
El exfiscal Manuel Guerra se ha convertido también en un protagonista del Caso Audios -pese a que no aparece en aquella grabación- debido a los trabajos que el abogado ha realizado para diferentes organizaciones, en especial, municipios.
Guerra ha estado en la mira desde que el CDE tuvo acceso a los chats entre el exfiscal regional Oriente y Hermosilla, que dio luz a la querella criminal en contra de ambos y de quienes resulten responsables de posibles delitos de soborno, cohecho y revelación de secreto.
Ahora, las labores profesionales estarán en vista. Las hizo para La Florida, pero hay especial atención con lo hecho en Providencia, donde gobierna la carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.
Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini denunciaron a la alcaldesa por eventual fraude al fisco por haber contratado a Guerra, pues aseguran que los cinco informes que realizó para la Municipalidad de Providencia, por los cuales recibió más de $11 millones, eran breves (10 a 21 páginas) y llenos de citas textuales copiadas de artículos jurídicos.
Cicardini aseguró la semana pasada que “la señora Matthei deberá responder y explicar los fundamentos legales para estas contrataciones. Será la justicia quien determine si estos contratos eran realmente necesarios para la comuna o si forman parte de una operación ilegal vinculada a Chadwick y Hermosilla”.
Desde la municipalidad informaron que “los informes elaborados fueron utilizados como insumo, junto a otros análisis, para mejorar la gestión administrativa de la función pública municipal”.
Encima, las pericias al teléfono del propio Guerra revelaron conversaciones, archivos enviados e informes que demostrarían, de acuerdo a The Clinic, irregularidades en su actuación como persecutor de casos como el Cascadas, el de financiamiento ilegal de Penta a la política y el de la Minera Dominga.
