Roberto Arroyo, parlamentario del Partido Social Cristiano (PSC) ofició a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para requerir información detallada respecto de las acciones realizadas por la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito para enfrentar la proliferación de casinos ilegales y salas de juegos de azar en todo el país.
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El diputado por el 20° Distrito, Región del Biobío, expresó su preocupación por el impacto de estas actividades, señalando que muchos de estos locales operan de manera clandestina o bajo la apariencia de juegos de destreza, vulnerando el espíritu de la normativa y aprovechándose de la falta de fiscalización municipal. Según Arroyo, estos espacios no solo promueven actividades ilegales vinculadas al juego, sino que también se convierten en focos de otros delitos como el consumo y venta de drogas, prostitución, lavado de dinero y préstamos usureros.
“La ciudadanía ha sido testigo del aumento de estos mal llamados ‘casinos ilegales’, que en muchos casos operan fuera de la ley, generando entornos propicios para otros ilícitos. Es urgente reforzar las medidas de control y seguimiento, en coordinación con las municipalidades y otros organismos pertinentes”, aseguró el congresista de 60 años.
Dentro del contenido del oficio, el miembro de la Cámara Baja pidió a la ministra informar sobre la existencia de un catastro o estimación de estos locales a nivel nacional, desglosado por regiones y comunas. Sumado a lo anterior, de las acciones coordinadas con los municipios para su fiscalización y eventual cierre. Y finalmente, las medidas en conjunto con organismos gubernamentales y privados para abordar esta problemática.
“Es esencial garantizar que se respete la normativa y prevenir que estos lugares sigan operando como caldo de cultivo para actividades ilícitas que afectan la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades”, sentenció el parlamentario y cirujano dentista oriundo de Concepción.
