La noche del martes, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en prisión preventiva por una acusación de violación y abuso sexual. Más allá de la persecución penal, mucho de la crisis se ha instalado en La Moneda, ante las dudas respecto de cuánto se demoró el Gobierno en pedirle su cargo. Ayer, el Presidente, Gabriel Boric, manifestó que “el Estado de Derecho funciona. Quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso ocurre para todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. En Chile nadie está sobre la ley”, aseveró el Mandatario.
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“Lo ocurrido en la audiencia de formalización es una decisión correcta por parte de los tribunales”, añadió Boric.
En La Moneda, el caso sigue generando explicaciones. El actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la prisión preventiva de su antecesor indicando que “esta es una demostración de que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados” y que espera que “esta investigación avance rápidamente (...) para recuperar la confianza pública”.
Sobre el accionar del Ejecutivo, Cordero señaló que “con la información que tiene el Gobierno (ahora), en ese momento se podrían haber tomado decisiones distintas, pero esa autocrítica, la ministra Tohá y el gobierno la señalaron desde el 29 de octubre”.
Sin embargo, la mira no deja de estar puesta en la figura del Presidente. Por ejemplo, la recién establecida Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados adelantó que le enviará un cuestionario a Boric para que aclare las inconsistencias en que, según algunos parlamentarios, ha caído en sus declaraciones.
Miembros de la oposición quisieron citar al mandatario, pero como estas instancias no tienen esa facultad, se optó por el cuestionario que, de todas maneras, Boric tampoco tiene la obligación de responder. Por ahora, el grupo acordó citar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para este lunes.
No fue la única polémica al instalarse la comisión. El diputado Tomás Lagomarsino (Rad.) acusó presiones de La Moneda para la elección del presidente, que será Miguel Mellado (UDI). El parlamentario radical aseguró que “La Moneda me presionó para votar por Joanna Pérez” (Dem.), pues la instancia tiene mayoría de oposición y se prefería en el Ejecutivo el perfil de la parlamentaria, que apuntaba a esclarecer los hechos y proponer medidas para corregir las fallas, mientras que el UDI adelantó que quiere buscar responsabilidades políticas de La Moneda. Además, era resistido luego de que se supiera que grabó una conversación privada con el Presidente, hace unos meses.
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En otra arista, las diputadas Camila Flores, Paula Labra (ambas RN) y Flor Weisse (UDI) presentaron una querella contra Monsalve, por secuestro agravado, y contra Tohá, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia.
De acuerdo con el libelo, los hechos incluyen utilización indebida de recursos públicos y la manipulación de pruebas.
Hay otro despido en Interior y Controlaría revisa
Las dudas por el uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve llegaron a la Contraloría, instancia que realizó diligencias en la Subsecretaría del Interior.
Funcionarios de la CGR llegaron a esas oficinas, según publicó La Tercera, con el objetivo de acceder a la caja fuerte de la oficina de reuniones, que es donde se guardan los fondos para gastos reservados, que son en efectivo. En la diligencia acompañaron funcionarios de la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, para ver si hay coherencia de los dineros usados mientras Monsalve estuvo en el cargo.
“La Contraloría está efectuando la revisión y arqueo de la cuadratura de los fondos asignados a gastos reservados, para determinar si existen diferencias o no”, comunicaron desde el ente fiscalizador.
En tanto, los sumarios internos que dirige el subsecretario, Luis Cordero, tuvieron una nueva víctima, luego de que hace unos días se despidiera a un asesor y amigo de Monsalve, que lo visitó en su departamento.
Esta vez, se le pidió la renuncia a Luppy Aguirre, jefa de la División Jurídica del ministerio, quien en la audiencia de formalización se supo que había sostenido conversaciones con el acusado.
Cordero explicó la salida de la funcionaria: “Se tomó conocimiento de gestiones que ella realizó, no de carácter ilícito. Las razones son estrictamente de confianza política, por información que debió haber sido suministrada cuando yo asumí este cargo”.
La propia Luppy Aguirre manifestó que “jamás realicé gestiones ni con el fiscal Armendáriz ni con el general director de Carabineros, quienes sin duda podrán confirmar aquello, ni con el Ministerio Público, las Policías ni del Poder Judicial, en beneficio de Manuel Monsalve”.
“Luego de que me enteré de manera general y sin detalles del caso por parte de Monsalve, realicé orientaciones legales por solicitud de quien en ese momento era el jefe de servicio, señalándole, desde el primer minuto, que debía tener asistencia jurídica privada, recomendándole abogados conocidos de la plaza, como lo haría cualquier profesional ante una consulta de tal naturaleza”, añadió.
