Durante esta jornada de 20 de noviembre, el diputado Stephan Schubert, criticó duramente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) implementado en Chile para brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans.
Según el parlamentario por el 23° Distrito, Región de La Araucanía, el programa carece de sustento científico y presenta riesgos graves para los menores involucrados, especialmente en lo que respecta a los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación de género con los que se relaciona. “Es inaceptable implementar un plan que afecta a menores sin tener certeza de los efectos a largo plazo”, afirmó.
En ese sentido, Schubert señaló que el programa incluye terapias afirmativas desde los tres años, y se relaciona en la práctica con la derivación a hormonización cruzada durante la adolescencia e incluso intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con lo que dice el congresista, estos procedimientos pueden generar daños irreversibles y no cuentan con estudios concluyentes sobre sus beneficios.
“Estamos hablando de un programa que comienza, en algunos casos, con el consentimiento del menor, incluso contra la voluntad de los padres, lo cual constituye una vulneración de derechos”, sostuvo el legislador de la oposición. Sumado a esto, denunció la falta de información adecuada para los menores y sus familias, lo que implica un consentimiento insuficientemente informado.
En respuesta a estas preocupaciones, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados recomendó suspender el PAIG y otros tratamientos hormonales financiados con recursos públicos. También, se solicitó al Ministerio Público investigar sobre posibles irregularidades legales en la ejecución del programa.
“No podemos destinar miles de millones de pesos a un plan que no ofrece certezas científicas ni beneficios comprobados”, subrayó Schubert, refiriéndose al presupuesto asociado al PAIG y otros programas similares.
El informe presentado por la comisión no es vinculante, no obstante, ha generado un intenso debate público y político. El miembro de la Cámara Baja insistió en la importancia de avanzar en investigaciones más profundas para garantizar la protección de los menores y el correcto uso de recursos públicos. “La suspensión inmediata del programa es esencial mientras se esclarecen sus efectos reales”, cerró.
