En las últimas horas, la parlamentaria Marlene Pérez, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, se refirió al rechazo del presupuesto de la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
PUBLICIDAD
La diputada por el 20° Distrito, Región del Biobío, criticó que el incremento del 8,4% se destine mayoritariamente a remuneraciones, dejando de lado aspectos cruciales para la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
“La crisis del sistema de Mejor Niñez no puede seguir siendo ignorada. Necesitamos que el Ejecutivo redistribuya el presupuesto y priorice aspectos fundamentales como la implementación de una Secretaría Técnica de Infancia y Adolescencia, ya que el Poder Judicial carece de una unidad especializada que garantice la efectividad de los derechos de los NNA. Este es un deber establecido por la Ley de Garantías y Protección Integral”, sostuvo la congresista.
Entre las demandas planteadas, la política de 51 años destacó la urgencia de aumentar los recursos para el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI), considerando la creciente demanda en esta área. Además, enfatizó la necesidad de reactivar el Programa Red Calle Niños, cuya ausencia en el presupuesto 2025 agrava la crisis de los programas ambulatorios y residenciales.
“Las cifras son alarmantes. La cantidad de niños y adolescentes en situación de calle sigue aumentando, y no se han destinado recursos para abordar esta problemática. Esto es inaceptable en un país que busca garantizar los derechos de la infancia. El Gobierno debe responder de forma concreta”, afirmó la legisladora.
Sumado a lo anterior, otro punto destacado por Pérez fue la falta de oferta específica para abordar problemas de consumo de drogas en niños y adolescentes a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
“La ausencia de una estrategia nacional de drogas enfocada en nuestros niños demuestra una falta de compromiso con su bienestar y desarrollo integral”, declaró.
PUBLICIDAD
En la misma línea, la oriunda de Talcahuano fue crítica de las prioridades del Gobierno en materia de tratamientos hormonales para los menores señalando que “priorizándose los recursos para la hormonización e implementación del PAIG lo que está provocando es un grave daño al apoyar a los niños de todas las edades y no como se abordaba anteriormente desde los 14 años su autopercepción de la sexualidad, lo cual implica consecuencias directas del derecho preferente de los padres a cuidar a sus hijos”.
Por último, la miembro de la Cámara Baja solicitó al Ejecutivo incorporar estas urgencias y mejorar la propuesta presupuestaria en el Senado para garantizar una política pública efectiva que proteja los derechos de la infancia en Chile.
