Hace solo unos días Carabineros desplegó un amplio número de funcionarios en las inmediaciones del cementerio El Prado de la comuna de Puente Alto, en el marco del funeral del barrista de la Universidad de Chile Edson Olivares, apodado “Enzo Bombazul”, quien fue asesinado tras recibir más de 60 balazos durante el fin de semana pasado.
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Según la policía uniformada, ese día hubo más de 250 personas en el funeral y cortejo considerado como de alto riesgo.
En este contexto, se aprobó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley del Gobierno que establece un plazo y condiciones para la sepultación o cremación respecto de los funerales considerados de alto riesgo para la seguridad y el orden público.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazó los cuestionamientos de la oposición que indican que la norma legal naturaliza los funerales narcos, asegurando que “la realidad es que los narcotraficantes, al igual que cualquier persona, también mueren. Y tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, ellos y sus familias. Tienen derecho a un velorio de 48 horas, en un lugar determinado, que puede incluir un recorrido por su casa de la infancia, su mausoleo o incluso los sitios vinculados a sus actividades delictivas. Actualmente, no existen herramientas legales para impedirlo”.
La secretaria de Estado destacó que con la nueva ley la duración del velorio se reducirá a 24 horas, no se permitirá elegir el lugar del velorio y el traslado del cuerpo será directamente desde el lugar de fallecimiento o del Servicio Médico Legal al cementerio.
Asimismo, el recorrido será supervisado y autorizado por Carabineros, y quienes resulten detenidos por haber cometido un delito y alterado el orden público durante el evento, arriesgan sanciones más severas, ya que se establece en la ley que las penas aplicables excluirán el grado mínimo en infracciones sobre el porte y uso de armas y el tráfico de drogas, ya sea en cementerio, la ceremonia fúnebre o en el cortejo.
El recorrido lo establece Carabineros
Según establece el nuevo marco legal, es Carabineros quien determinará el trayecto del traslado del fallecido, junto con resguardar la seguridad, para lo cual podrá hacer controles de identidad a los participantes e impedir el ingreso de personas bajo influencia del alcohol o drogas.
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En caso de incumplir las restricciones, la ley fija penas de presidio menor en su grado medio, que van de 541 días a 3 años y un día de cárcel, además de una multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).
Los funerales podrán ser calificados de alto riesgo por los delegados presidenciales, quienes deberán ordenar en el más breve plazo posible que la sepultación o cremación se realice en 24 horas desde la notificación. Asimismo, Carabineros también podrá calificar los funerales en los niveles de riesgo que considere necesarios para resguardar la seguridad de la gente que se vea afectada.
La decisión de los delegados presidenciales deberá considerar un informe técnico de Carabineros con los antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias de la muerte, entre otros, el cual debe ser emitido en un plazo máximo de dos horas desde el conocimiento del deceso.
También se podrá requerir información por parte de la delegación presidencial a la Policía de Investigaciones y Gendarmería para determinar si es o no un funeral de alto riesgo.
