En el informe llamado, “Purificación de la Memoria 1965-2024″, se detallan los casos de connotación sexual cometidos por 8 sacerdotes cuando eran miembros de los Padres de Schoenstatt-Chile, reconociéndose 28 víctimas.
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La congregación católica indica que “a lo largo del documento reconocemos nuestros errores, pedimos perdón por el daño causado y explicamos las acciones que estamos realizando para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro”.
Asimismo, califican el documento como “un compromiso con la transparencia y la verdad”, donde se “detalla el camino que recorrimos para abordar esta dolorosa realidad y destaca los aprendizajes que hemos obtenido en nuestra búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sobrevivientes”.
El informe, es fruto de “dos años de investigación histórica y jurídica que ha tenido por resultado una serie de mejoras en los procedimientos de nuestra Comisión de Prevención y un profundo encuentro con nuestra historia, con sus luces y sombras”. Por esta razón, esperan que el documento “contribuya al reconocimiento de la memoria de las víctimas y sobrevivientes, y que situaciones de abuso como éstas nunca más vuelvan a repetirse”.
El superior provincial de la congregación de Schoenstatt, Diogo Barata, agradeció “profundamente a las víctimas, a sus familiares y amigos, y a diversos miembros y exmiembros del Movimiento de Schoenstatt quienes, con coraje, nos impulsaron a no mirar hacia otro lado. Fue su insistencia y perseverancia la que hizo despertar a nuestro Instituto, acelerar los procesos de investigación y las respectivas sanciones, avanzar en la prevención e iniciar caminos de reparación”.
Asimismo, añadió que “no fue hasta que abrimos nuestros oídos y nuestro corazón, escuchando con toda la atención que merecían las víctimas, que comenzamos a ver la magnitud del dolor causado. Fue un camino de crecimiento lento en el cual cometimos errores y tuvimos muchas fallas que aumentaron todavía más el dolor de las víctimas”.
Los 8 sacerdotes abusadores
En el informe se detalla el nombre de los sacerdotes que cometieron estos delitos de connotación sexual y las sanciones eclesiásticas que se le aplicaron, especificando que “de la investigación se infiere que pudo haber más víctimas” de las 28 que fueron informadas.
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En el caso del sacerdote, Francisco José Cox Huneeus, de 90 años, éste fue expulsado del estado clerical el 11 de octubre de 2018 y en la investigación aparecen cinco víctimas menores de edad y una mayor de edad, entre finales de la década de 1960 y principios de la década del 2000 en Santiago, Chillán, La Serena, México y Alemania.
El sacerdote Marcial Parada Cardemil, de 91 años, por su parte, fue dispensado del estado clerical el 10 de junio de 2021 y se le atribuyen ocho víctimas menores de edad y dos mayores entre la década de 1970 y la década de 1990 en Santiago y Argentina.
Para el caso del sacerdote Luis Morel Gumucio, de 88 años, la investigación encontró una víctima menor de edad durante la década de 1970 en Temuco. Falleció el año 2015.
Al sacerdote Ángel Vicente Cerró Udis, de 93 años, se le atribuyen tres víctimas menores de edad y tres mayores, desde la década de 1980 a la década de 2010 en Santiago y Concepción. En 2024 se enviaron nuevos antecedentes al Dicasterio para la Doctrina de la Fe por una nueva denuncia y se está a la espera de su resolución.
Francisco Basáñez Méndez, sacerdote de 62 años, se le abrió un proceso administrativo penal el año 2015 por hechos ocurridos en la década del 2000 en Santiago y Concepción, el cual concluyó que es responsable de haber incurrido en actos y conductas impropias, con transgresión de la intimidad corporal, respecto a dos jóvenes mayores de edad.
Se le impuso la penitencia canónica de vivir durante cinco años una experiencia de oración, apartado de toda actividad pastoral hasta el 2020, y tras cumplir su sanción no se le han concedido licencias ministeriales para el ejercicio público del sacerdocio.
En el caso del sacerdote Rodrigo Menfis Gajardo Figueroa, de 54 años, éste fue sancionado en sede civil y canónica por un abuso sexual contra un mayor de 14 años el año 2009 en Santiago, siendo condenado en 2017 a 61 días de arraigo nacional y firma mensual durante un año.
En 2020, en tanto, se le sancionó con la pena canónica de prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por tres años y la prohibición a perpetuidad de contacto voluntario con menores de edad, excepto en presencia de al menos un adulto.
Respecto del sacerdote Bernardo Parra Sepúlveda, de 59 años, se indica que un proceso aministrativo penal realizado el año 2020 lo hayó culpable de conductas negligentes con personas mayores de edad, cometidas sin dolo. Por tal razón, el año 2021 se le prohibió el ejercicio del ministerio público por un año y la prohibición de encargos formativos en el Instituto, y con jóvenes o niños, de manera permanente.
Finalmente, el sacerdote Raúl Feres Shalup, de 91 años, fue denunciado el año 2018 y se concluyó que entre 2012 y 2019 incurrió en conductas que transgredieron los límites corporales con una mujer mayor de edad en Santiago.
El 2024, en tanto, otra Investigación determina que tuvo comportamientos inapropiados, por lo que se le restringió temporalmente el ejercicio público del ministerio sacerdotal.
