El asunto había nacido raro. Diputados de oposición tenían la idea de levantar una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, pero se sondeaba escaso apoyo, por lo que se decidió presentarla en un solo texto junto con otra magistrada, Ángela Vivanco. Obligados a votar todo junto, el asunto avanzó en la comisión revisora y en el hemiciclo, por lo que pasó al Senado para que diera la última palabra.
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Aunque había sobrevivido a los pasos anteriores, se supuso que una vez escindida de la media AC contra Vivanco no habría tanto apoyo y, como señalaron sectores de izquierda, el gusto que se estaba dando la derecha acusando a un juez conocido por decisiones en contra de delitos en Dictadura o, más recientemente, en contra de las Isapres, se acabaría en la jornada de ayer. Pero no fue así.
Si cualquiera de los dos capítulos de la AC alcanzaba 25 votos el magistrado el libelo se daría por aprobado, lo que significaría la salida de Muñoz de la Corte Suprema y la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por cinco años. Los cálculos decían que la oposición tenía 24 preferencias, por lo que la suerte del juez colgaba de un hilo.
Uno a uno los senadores fueron argumentando si creían lo que señalaba el libelo acusatorio o las palabras de Muñoz, quien personalmente se defendió el martes en el Senado. La hija del magistrado -también juez- tuvo un rol clave. Por un lado, se acusaba al juez de haberle entregado información confidencial de una sentencia respecto de un proyecto inmobiliario en que Graciel Muñoz quería invertir, asunto que era refrendado por la declaración de una empleada de la inmobiliaria. Por otro, se decía que el letrado había ayudado a su hija a ocultar que estaba realizando su labor como jueza desde Italia y no en Chile, como indica la normativa.
Las palabras se entregaron en orden alfabético y tempranamente, cuando Karim Bianchi (Ind.) expuso sus razones se supo que sería una tarde negra para Muñoz. El voto a favor de Francisco Chahuán (RN), quien se creía que podría haberse inhabilitado por estar casado con una jueza, y las exposiciones de los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker (hacia el final, obviamente) terminaron por sellar la suerte del magistrado.
Finalmente, por el capítulo “inmobiliaria” la votación fue 27-21 y el punto “Italia”, 25-23.
“El acusado sabía o debió haber sabido del interés patrimonial de su hija. Y al detectar irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija, tiene un deber de denuncia”, indicó Bianchi.
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Rincón (Dem.) dijo que “cuando un juez enfrenta una causa en la que exista algún vínculo personal, familiar o patrimonial, su deber es apartarse. La falta de acción del ministro Muñoz abre la puerta a dudas razonables”.
El oficialismo mantuvo la tesis de que esta es una venganza de la oposición. Juan Ignacio Latorre (FA) señaló que “se quiere castigar al juez por sus fallos”. “Un ajuste de cuentas por su trayectoria”, agregó Gastón Saavedra (PS).
Francisco Huenchumilla (DC) advirtió que el nacimiento de una AC que unía los casos de Muñoz y Vivanco “creó un proceso viciado”.
Al final de la jornada se votó la AC contra la ya destituida jueza Ángela Vivanco y el resultado fue demoledor: 47 votos a favor y ninguno en contra, por lo que no podrá ocupar cargos públicos por cinco años.
Gobierno ingresa reforma para nombramiento de jueces
El ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó en la Comisión de Constitución de la Cámara la reforma a la Carta Fundamental con los cambios que propone el Ejecutivo al sistema de nombramiento de jueces, que incluye la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales y suprime a los abogados integrantes.
Un eje de la propuesta es “separar en distintos organismos autónomos las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema”; otro es “generar procedimientos de nombramientos que se rijan por la concursabilidad y la oposición competitiva” y “fijar criterios claros para la gestión de conflictos de interés, reduciendo el riesgo de corrupción”.
El Consejo de Nombramientos estaría integrado por un ministro de la Corte Suprema, otro de una de Apelaciones; un juez letrado; un abogado nominado por el Cruch y otro por el Presidente de la República.
El senador Iván Flores (DC) aseguró que “hace rato que venimos reclamando la falta de transparencia en los procesos de búsqueda y nombramiento de autoridades del Poder Judicial”.
El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Ind.), señaló que “lamento que haya opiniones críticas porque creo que esta propuesta se hace cargo de la crisis que vive la Corte Suprema”, mientras que la miembro Camila Flores (RN) expresó que “existe un consenso transversal de la necesidad de modificar el sistema de nombramiento de jueces, pero no sé si la fórmula que el Gobierno ha decidido impulsar sea la mejor en términos prácticos”.
