Luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmara que el Gobierno supo el martes pasado de la denuncia de violación que pesa contra el renunciado exsubsecretario del área Manuel Monsalve, fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien salió a ratificar la postura del Ejecutivo respecto a este tipo de denuncias.
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“Ante la renuncia del exsubsecretario Monsalve y la denuncia en su contra por delitos sexuales, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, queremos recordar que el apoyo al combate de la violencia sexual ha sido un pilar en nuestro trabajo”, sostuvo Orellana.
Asimismo, indicó que “en este caso, la denuncia se ha interpuesto ante la Fiscalía Centro Norte, que está a cargo de las diligencias investigativas, pero también de la derivación a la Unidad de Atención de Víctimas”.
La secretaria de Estado recordó que la ley Antonia establece “el derecho a la privacidad de la víctima en los medios de comunicación”. Añadiendo que “esto evidentemente es un hecho de relevancia pública, pero no nos puede llevar a pasar por encima de derechos fundamentales de alguien que denuncia delitos sexuales, como es su privacidad y su honra”.
En cuanto a las razones que tuvo el Gobierno para dar un plazo de dos días a Manuel Monsalve para que informara a su familia antes de renunciar, la ministra Orellana sostuvo que “el Gobierno no esperó a que hubiera una publicación de prensa, sino que empezó a evaluar la situación una vez conocida a carácter general la denuncia que se había interpuesto”.
“No distinguimos sectores políticos”
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también abordó los derechos que tienen las víctimas de estos tipos de hechos, recordando “que los delitos sexuales son probablemente los más difíciles de denunciar dentro de nuestro Código Penal. Es crucial que las víctimas cuenten con garantías para que no sientan que son ellas las acusadas”.
La secretaria de Estado confirmó además que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género está preparado para brindar el apoyo necesario a la víctima, con capacidad de coordinarse con la Fiscalía Centro-Norte y la Unidad de Atención a Víctimas, recalcando que “nosotras no distinguimos sectores políticos; trabajamos para garantizar un juicio justo para todas las víctimas”.
