Un grupo de diputados del partido Demócratas presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de plataformas digitales con fines comerciales a personas bajo arresto domiciliario. Esta propuesta, que modificaría la ley N° 18.216 sobre penas sustitutivas de la libertad, ha sido motivada por los recientes casos mediáticos de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y la excandidata al municipio de Concepción, Camila Polizzi, quienes, pese a estar bajo arresto domiciliario, han incursionado en la venta de contenido para adultos en redes sociales.
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El proyecto de ley se presenta justo un día después de que se hiciera pública la nueva actividad comercial de Barriga, quien, al igual que Polizzi, enfrenta medidas cautelares de arresto domiciliario por diversos delitos. Ambas han encontrado en las plataformas digitales una manera de generar ingresos, lo que ha suscitado un debate sobre los límites de las penas sustitutivas.
El documento presentado por los diputados de Demócratas plantea que “no resulta sensato que, por un lado, el legislador persiga y limite el acceso a tecnologías de la información y dispositivos móviles a imputados y condenados por delitos en cárceles comunes, y por otro lado, se permita que imputados con beneficios penitenciarios puedan compartir su vida en redes sociales o emprender comercialmente”.
Restricción del acceso a redes sociales y plataformas digitales
La iniciativa no pretende solo regular el acceso a las redes sociales en general, sino específicamente prohibir que las personas bajo arresto domiciliario utilicen estas plataformas para obtener beneficios económicos, como lo han hecho Barriga y Polizzi a través de la venta de contenido para adultos. “Diversos son los casos en que esta medida se vulnera a través de acciones que tienen como finalidad el desarrollo de actividades que, si bien no son ilícitas, no se podrían desarrollar en los recintos penitenciarios regulares”, señala el texto del proyecto.
Desde el partido afirmaron que “el arresto domiciliario no puede convertirse en una burla a la justicia. Estas personas siguen bajo proceso penal y deben estar sujetas a restricciones que no solo protejan a la sociedad, sino que también mantengan el sentido de la sanción”.
