En Chile, más de 3,2 millones de personas viven en situación de discapacidad, pero solo un 13% ha logrado certificarse, lo que les impide acceder a importantes beneficios estatales. Esta realidad ha generado críticas desde distintos sectores, incluyendo a las diputadas Carla Morales (RN) y Catalina del Real (Ind. PRep), miembros de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, quienes llaman al Gobierno a tomar medidas urgentes para facilitar el proceso de acreditación.
Al respecto, Morales señaló su preocupación por la excesiva burocracia que enfrentan las personas con discapacidad para obtener su certificación: “Creo que uno de los problemas que tenemos es la excesiva burocracia para poder acreditarse como persona con discapacidad. Pensemos que muchos son dependientes y no pueden desplazarse para hacer todos los trámites que se requieren. Eso termina siendo una traba que les impide poder acceder a beneficios. El Estado debe facilitar estos procesos, de lo contrario los deja afuera”.
Por su parte, la diputada del Real criticó la falta de información y apoyo por parte del Gobierno en este tema: “Evidentemente el Gobierno no está informando sobre los beneficios a los que pueden acceder las personas con discapacidad ni tampoco está facilitando que se puedan acreditar como tal. Acá hay una grave deficiencia que debe ser resuelta lo antes posible, por lo que hago un llamado al Gobierno a que informe y garantice que las personas con discapacidad puedan optar a los beneficios que les corresponden”.
Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) también se han sumado a las críticas. José Rodríguez, encargado del Área de Inclusión Laboral señaló que muchas personas desconocen los beneficios asociados a la credencial de discapacidad. “Desde el área de inclusión laboral, asesoramos y apoyamos a personas en la obtención de la credencial. Muchas desconocen los beneficios o derechos asociados, y tanto las escuelas regulares como las especiales suelen no estar suficientemente informadas, lo que contribuye a la falta de conocimiento general”, explicó.
La certificación de discapacidad, que debe ser emitida por el Compin, requiere la presentación de un informe biomédico, social y del Instrumento de Valoración del Desempeño en Comunidad (Ivadec). Este proceso permite a las personas acceder a financiamientos, becas, subsidios y otros apoyos, como el uso de estacionamientos exclusivos o la postulación a empleos reservados.
Sin embargo, la falta de acceso a la información y el complejo proceso burocrático son obstáculos que impiden que más personas puedan certificarse y, como señaló Rodríguez, el miedo a la estigmatización también juega un rol en la baja cifra de certificados. “Para nosotros es fundamental seguir concienciando e informando sobre este importante tema, no solo para que las personas obtengan su credencial, sino también para hacer valer los derechos que esta les otorga”, concluyó.
