Otra mala jornada vivió la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Ese organismo se reunió de manera extraordinaria y analizó tres solicitudes de la jueza en el marco de su cuaderno de remoción: las rechazó todas. Aparte de eso, la Fiscalía incautó equipos de la magistrada desde la Universidad Católica, donde hacía clases.
Las peticiones rechazadas fueron que se les entregara copia del expediente de la Comisión de Ética; que se anulara la petición a la Fiscalía Nacional de una copia de los chats con el abogado Luis Hermosilla y que se amplíe el plazo de 20 días para evacuar su defensa.
Los ministros no se refirieron a la resolución, pero sí a la situación general. María Teresa Letelier indicó que “se tienen que hacer los cambios que requiere el Poder Judicial y que hemos pedido”, mientras que Arturo Prado añadió que “todos los procesos para mejorar las instituciones y reforzarlas son buenos y positivos”.
En la UC, en tanto, el OS7 de Carabineros decomisó el computador de la jueza, además de diversa documentación, que se suma a otros elementos incautados desde su casa. Vivanco enfrentó brevemente a la prensa y defendió su inocencia: “Ya lo van a ver cuando haga mi defensa, estoy buscando los antecedentes”.
La magistrada ha entregado todo lo solicitado de manera voluntaria y abierta. Una situación distinta vivió el Ministerio Público al revisar el teléfono del fiscal Carlos Palma, investigado por una conversación de WhatsApp que él le habría enviado a Luis Hermosilla con un ofrecimiento hecho por Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Vivanco. El aparato había sido reseteado.
El persecutor explicó ante la Fiscalía que “no guardo chats en mi celular de esa época, por mi cargo tengo información relacionada con causas de alta complejidad”. “No pedí nada a Gonzalo Migueles y él no me ofreció nada que pueda dar lugar a un delito”, agregó Palma.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, que ve los casos de Vivanco y Palma, estará hoy en Santiago, en una “cumbre” citada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, adonde también asistirán los fiscales de Arica, que investiga a Manuel Guerra; Antofagasta (Palma) y Metropolitana Oriente (Factop).
Precisamente, por el caso Factop, el exaccionista del Grupo Patio, Antonio Jalaff declaró ayer en calidad de imputado en la Fiscalía Oriente, por cerca de dos horas.
Finalmente, de acuerdo a T13, Felipe Ward, quien era ministro de Vivienda cuando un seremi habría apurado trámites que favorecieron al Grupo Patio por petición de Hermosilla, renunció a la vicerectoría de la sede Santiago de la U. San Sebastián, donde Andrés Chadwick es presidente del directorio.
