Por medio de un comunicado, la Fiscalía Regional de Los Lagos “confirmó una nueva incautación de equipos tecnológicos pertenecientes o utilizados por la Ministra Ángela Vivanco Martínez, además de documentos”, en el marco de la investigación que se sigue adelante en contra de la suspendida magistrada de la Corte Suprema.
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En la fiscalía detallaron que “las incautaciones se llevaron a cabo en dependencias de una institución educativa donde la señora Vivanco desempeña su labor como docente”, en referencia a la Faculta de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, ubicada en calle Portugal 31, al lado de la casa central en la Alameda.
Hasta ese lugar llegaron funcionarios del OS7 de Carabineros, quienes requisaron el computador que Vivanco usaba para su trabajo académico en el plantel universitario, el cual, también decidió suspender de sus funciones a la magistrada “en atención a los graves hechos de público conocimiento”, en referencia a los chats que tuvo con el principal imputado del caso Audio Luis Hermosilla.
Esta es la tercera diligencia investigativa que se desarrolla desde que se abrió la investigación en contra de Ángela Vivanco por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial, el pasado 9 de septiembre.
No quiso hablar del caso Audio ni Hermosilla
Si bien hace pocos días la magistrada usó su cuenta de Instagram para defenderse de los cuestionamientos y las sanciones que le aplicaron la Corte Suprema y la Universidad Católica, este jueves Ángela Vivanco evitó ahondar en la causa y en su relación con el abogado y exasesor del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Luis Hermosilla.
Vivanco llegó durante la tarde hasta dependencias del plantel universitario, donde no quiso entregar declaraciones sobre el caso Audio, asegurando a los medios presentes que no daría “ninguna declaración” y que cualquier vocería la iban a dar sus abogados.
Investigación de la Fiscalía
Desde la Fiscalía Nacional detallaron que la indagatoria dice relación con el caso que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM, por incumplimiento de contrato por parte de la compañía extranjera.
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De acuerdo a lo informado por El Mostrador, la causa empezó en la Corte de Apelaciones de Copiapó con un fallo en que los bielorrusos debían pagar 20 millones de dólares a Codelco.
No obstante, la Tercera Sala de la Corte Suprema, extraordinariamente presidida por Ángela Vivanco ese día, revirtió el fallo y se dictaminó que debía ser Codelco quien debía pagar los 20 millones de dólares a los bielorrusos, además de otros cinco millones de dólares para gastos varios.
