Con la reciente publicación de la Ley de Inclusión, que aumenta la cuota de contratación de personas con discapacidad de un 1% a un 2%, parlamentarias de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad manifestaron su apoyo a la medida, pero también su preocupación ante la falta de avances reales en la inclusión laboral.
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Una de ellas, fue la diputada republicana Catalina del Real, quien comentó que “la inclusividad debería ser una política que las empresas adopten por iniciativa propia, pero como no todas lo hacen, se tiene que ir haciendo mediante leyes que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral”.
“Ahora la cuota se aumenta a un 2%, lo que es positivo, pero lamentablemente todavía no se llega ni al 1% como dice la actual ley, porque el 80% de los contratos celebrados bajo la Ley N° 21.015 se iniciaron antes de que esta ley entrara en vigencia, o sea que no necesariamente significó nuevas contrataciones”.
En la misma línea, la diputada RN Carla Morales destacó la importancia de seguir avanzando, pero advirtió sobre la efectividad de las cifras: “Expertos han dicho que solo un 20% del total de contratos corresponderían a nuevos puestos laborales ocupados por personas con discapacidad, lo que significa que en la práctica es muy poco lo que se está avanzando. Además, falta fiscalización a las empresas privadas para ver si están cumpliendo o no con la norma, y eso implica otro desafío”, dijo.
En tanto, Marlene Pérez (Ind.UDI) subrayó la necesidad de garantizar que la ley se cumpla: “Es importante seguir avanzando en la inclusión, pero también hay que revisar que las empresas estén cumpliendo con la norma. De lo contrario, es letra muerta”, añadió.
“Hago un llamado al Gobierno a que no solo avancemos en porcentaje, sino que también garantice que la ley se cumpla, sobre todo en el caso de las mujeres, donde el número de contrataciones está más al debe”, enfatizó.
Fundación Chilena para la Discapacidad: “La inclusión no debe reducirse a porcentajes
La Ley de Inclusión, que entró en una nueva fase tras su publicación el 24 de agosto, establece que las empresas con 100 o más trabajadores deberán contratar al menos un 2% de personas con discapacidad o pensionadas por invalidez. Sin embargo, este ajuste entrará en vigor solo cuando el 80% de las empresas ya cumplan con la cuota del 1%, lo que sigue siendo un desafío para el país.
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Al respecto, el presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, comentó que esta alza, señalando que “nos enfrentamos a un desafío monumental y de largo plazo, ya que actualmente el cumplimiento del 1% sigue siendo insuficiente”.
“La inclusión laboral no debe reducirse a cifras y porcentajes; se trata de la voluntad, tanto del sector empresarial como del público, de asegurar una inclusión real y sostenible. Esto implica no solo facilitar la contratación de personas en situación de discapacidad a empleos, sino que también garantizar su permanencia en ellos, creando entornos accesibles, con una cultura organizacional inclusiva y equitativa”, añadió.
Finalmente, recalcó que “si bien una mayor fiscalización y el incremento de multas son pasos importantes para hacer cumplir la normativa, es fundamental fomentar la concientización y promover una verdadera cultura inclusiva en el ámbito laboral”.
“Tanto en el sector público como en el privado, la clave está en valorar la permanencia y el aporte de las personas con discapacidad, entendiendo que la inclusión laboral no es solo una meta legal, sino una oportunidad para construir espacios más diversos y justos”, concluyó.
