El lapidario informe elaborado por Human Rights Watch señalá que las autoridades de Venezuela “están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno”, luego que el pasado 28 de julio el Consejo Nacional Electoral diera como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, en medio de una serie de denuncias y cuestionamientos de fraude electoral.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó que “la represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, por lo que llamó a la comunidad internacional a “tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”.
De acuerdo a lo señalado por Human Rights Watch, existen pruebas que dan cuenta “que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios”.
Según informó el organismo, recibió “reportes creíbles” sobre 24 asesinatos en el contexto de las protestas sociales tras las elecciones, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea.
Además, se indicó que Human Rights Watch documentó de forma independiente 11 de estos casos, por medio de la revisión de actas de defunción, videos, fotografías y testigos.
El gobierno venezolano ha informado de más de 2400 personas detenidas en las protestas, de las cuales, según Foro Penal, 1580 corresponden a “presos políticos”que han sido detenidos desde el 29 de julio, donde se incluyen 114 adolescentes. En cuanto a los delitos que está imputando la Fiscalía, éstos dicen relación con “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
Además, se indica que el gobierno de Nicolás Maduro “ha intensificado sus tácticas represivas” cancelando pasaportes de opositores, llamando a la gente a denunciar y por medio de allanamientos en sectores populares.
