Hasta el estado de Florida fue trasladada la aeronave del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego que fuera incautada por las autoridades de Estados Unidos en República Dominicana, según informó el canal CNN.
Si bien todavía no hay confirmación oficial sobre el hecho, la incautación del avión presidencial de Venezuela se da en medio de las sanciones que ha impulsado Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro.
Según funcionarios norteamericanos citados por el medio, la compra de la aeronave habría violado “las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales”.
Asimismo, señalaron que “incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Se estima que el avión que usaba Nicolás Maduro costaría alrededor de 13 millones de dólares y se encontraba hace algunos meses en República Dominicana, cuyas autoridades colaboraron con diversas agencias estadounidenses como Seguridad Nacional, Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
Si bien los funcionarios citados por CNN no revelaron las causas del decomiso, sostuvieron que se presentó “una oportunidad” para confiscar la aeronave, lo cual ya fue notificado al gobierno de Venezuela.
Una dictadura
El 23 de agosto pasado, en tanto, el Gobierno de Chile se sumó a otros países americanos y reiteró su rechazo al anuncio realizado este jueves 22 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que reconoció a Nicolás Maduro como el ganador de las polémicas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en ese país.
Todo lo anterior, luego que el Presidente Gabriel Boric calificara al régimen de Maduro como una “dictadura”.
En ese sentido, en la declaración el Ejecutivo chileno se suma a “los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”.
Luego, añade un párrafo recordando que los mismos países habían desconocido la validez “de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”.
