Más allá de que nadie está obligado a usar de mala manera ningún sistema, ha habido coincidencia en los últimos días en que el formato de nombramiento de cargos, por ejemplo, en la Corte Suprema, el fiscal nacional, director de la PDI u otros, llama a gritos al tráfico de influencias. Sin embargo, aunque la crítica tiene años, poco se ha hecho por cambiarlo.
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Sí ha habido modificaciones, pero no de fondo, la que llama a la corrupción, los llamados y, en el último tiempo, los mensajes por Whatsapp. El exministro de Justicia José Antonio Gómez comenta que algo se ha intentado. “Se hizo una reforma para que se resolvieran los nombramientos. En el caso de la Corte Suprema, con la conformación de esta quina por el Poder Judicial, el nombre lo elige el Presidente y la aprobación o rechazo le corresponde al Senado. Es una forma plenamente democrática, ya que participan los tres poderes del Estado”, dice el abogado tras participar del Aniversario de la U. Bernardo O’Higgins.
Desde la Asociación Nacional de Magistrados aseguran que han estado demandando durante más de tres décadas a todo tipo de autoridades una reforma y a la vista está “que se desplieguen conductas en paralelo a las reglas legales, relacionamientos impropios con autoridades políticas que se erigen como gestores de intereses”.
Ahora bien, que los propios jueces deban “gestionar su promoción ante autoridades políticas no implica que haya actos de corrupción, sino que refleja un sistema defectuoso”, agregan.
Está de acuerdo el exministro Gómez: “Es natural que quienes están postulando den a conocer su interés y probablemente lo hagan con algunos incumbentes en el nombramiento, así como enviar antecedentes para que sean considerados en la propuesta. El problema está en que si ese nombramiento lleva algún acuerdo con el que se conversa para devolver favores en el futuro. Ahí existe un tráfico inaceptable”, sostiene.
El diputado Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, comenta que “esta es una materia que ha sido objeto de interés y discusión al interior del Congreso Nacional. Lo más cercano fueron las discusiones que se dieron en los procesos constitucionales y particularmente la propuesta en el segundo intento de la Comisión Experta, pero hasta el momento no existen proyectos concretos tramitándose en la comisión”.
Desde la oposición, Camila Flores (RN), diputada de la misma comisión, señalaba incluso antes de la explosión del Caso Audios que “se necesitan hacer modificaciones profundas en los nombramientos del Poder Judicial, no basta un simple maquillaje. Hay que entrar en el fondo de los nombramientos, porque no puede ocurrir que tengamos acusaciones de corrupción, de tráfico de influencias. Hay que cuidar la independencia del Poder Judicial”.
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Nuevo modelo de nombramientos
Una propuesta elaborada por los profesores Hernán Larraín (exministro de Justicia) y Nicolás Frías, del Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho de la U. Católica, fue entregada a principios de agosto al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y al ministro de Justicia, Luis Cordero. El documento propone un nuevo modelo de nombramiento de jueces que no demore más de 30 días, la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales, mediante un procedimiento público basado en el mérito, sin interferencia de tribunales ni del Presidente, excepto para miembros de la Corte Suprema.
La diputada Camila Flores (RN) aseguraba que, por ahora, “no ha llegado ningún proyecto que venga a perfeccionar el sistema de nombramiento de jueces. Este es un proyecto que es urgente y que debe venir del Gobierno porque implica gasto fiscal”.
Su par Raúl Leiva (PS) observa que hay normas que podrían ampliarse para cubrir esta necesidad. “Esperamos que habida consideración de toda la problemática de lo que ya se aprobó en segundo trámite constitucional en el Senado respecto del sistema de nombramiento de auxiliares de la administración de Justicia, también se pueda extender al nombramiento de jueces y ministros de los tribunales superiores”, manifiesta.
José Antonio Gómez, exministro de Justicia bajo tres presidencias, ve posibles cambios, pero también que una modificación legal podría no terminar con los telefonazos. “Se pueden buscar fórmulas para mejorar los nombramientos y sancionar a aquellos que cometen actos irregulares. En el gobierno de Ricardo Lagos se intentó generar un sistema de nombramiento a través de un Consejo, pero no hubo acuerdo y, de todas maneras, también puede ser vulnerado. Creo que la forma más eficaz es que las sanciones sean muy drásticas y con ello ejemplificadoras”.
