Este miércoles, el defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, solicitando de manera “inmediata” el traslado del abogado al anexo penitenciario Capitán Yáber. Esta medida surge tras la orden de prisión preventiva dictada contra Luis Hermosilla el día martes, en el marco del Caso Audios, donde se le imputan cargos de delitos tributarios, cohecho y lavado de activos y se le ordenó cumplir la medida cautelar en la cárcel Santiago 1.
El recurso expone la supuesta falta de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y Gendarmería, quienes, según la defensa, han ignorado los intentos de comunicación desde que se decretó la prisión preventiva. “En insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile, y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente para el cumplimiento de su medida cautelar; sin entender esta solicitud como un privilegio, sino como una medida habitual para este tipo de delitos”, reza el documento.
“Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno”
En su argumentación, la defensa no solo acusa falta de respuesta institucional, sino que también sugiere la existencia de motivaciones políticas detrás de la decisión. “Es claro que hay una politización arbitraria destinada a que Luis Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto distinto al cual se encuentran habitualmente en prisión preventiva por este tipo de delitos”, afirmó el abogado, aludiendo a recientes declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien señaló: “Que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.
Al respecto Juan Pablo Hermosilla señaló que dichas palabras reflejan una intervención política en un caso que debería ser tratado con imparcialidad. “Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno para evitar que se politice el caso”, adelantó, acusando al Ministerio de Justicia de negarse a darle un trato equitativo a su defendido.
“El ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente”, sostuvo el jurista.
El recurso también denuncia que el tribunal se ha desentendido de su responsabilidad al postergar la decisión sobre el traslado hasta una audiencia fijada para el 12 de septiembre. “Mi representado pasaría un tiempo excesivo en un recinto no especializado para alojar a los imputados formalizados por delitos económicos”, argumentó el defensor.
La defensa concluye que, dada la naturaleza de los delitos imputados, es razonable que Hermosilla cumpla su medida cautelar en el anexo Capitán Yáber, un recinto diseñado específicamente para estos casos. Además, se hace referencia a los antecedentes médicos del imputado, señalando que su permanencia en el penal Santiago 1 podría agravar su estado de salud, por lo que insisten en el traslado urgente.
Además, la defensa subraya que en el anexo Capitán Yáber existen cupos disponibles, lo que, según Juan Pablo Hermosilla, demuestra que la negativa al traslado de su hermano es netamente una “arbitrariedad excesiva”. “Hemos sido informados de que existen cupos en el recinto penitenciario Capitán Yáber, por lo que la obstaculización a este traslado constituye arbitrariedad excesiva, que pone en riesgo la salud y derechos de Luis Hermosilla”, manifiesta el texto judicial.
“Es dable concluir que el imputado pueda cumplir con su medida cautelar en el recinto penitenciario especial destinado a estos efectos, Capitán Yáber”, añade el escrito.
Finalmente, la defensa también mencionó que la jueza Mariana Leyton había considerado la posibilidad de que otra imputada del caso, María Leonarda Villalobos, sea trasladada a Capitán Yáber para evitar discriminación de género. Ante esta situación, cuestionan la falta de consistencia en las decisiones judiciales, exigiendo un trato justo y no discriminatorio para todos los imputados. “Esta diferencia arbitraria no ha ocurrido con los demás imputados de las causas vinculadas a la presente formalización por lavado de activos, cohecho, delitos tributarios”, manifestó la defensa.
